Congreso aprobó dos mociones en rechazo al fraude electoral y la represión en Venezuela

Ante la crisis política y social que atraviesa Venezuela, el pleno del Congreso aprobó este jueves dos mociones de orden del día que expresan su "más profundo respaldo al pueblo venezolano por su persistente vocación cívica, democrática, en defensa de sus instituciones y libertades republicanas".

Se trata de las mociones 12477 y 12613. El texto consensuado obtuvo 63 votos a favor, 25 en contra y 13 abstenciones.

La primera de ellas, presentada por la bancada de Fuerza Popular, fue sustentada por el congresista Fernando Rospigliosi y admitida a debate con 67 votos a favor, 27 votos en contra y 12 abstenciones.

La segunda moción fue presentada por la bancada de Avanza País y a ella se suscribieron las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Honor y Democracia, y legisladores no agrupados.

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Esta última fue sustentada por la parlamentaria Patricia Juárez y admitida a debate con 66 votos a favor, 27 votos en contra y 12 abstenciones.

El texto aprobado condena "la violación sistemática de los derechos fundamentales de los venezolanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que incluye la persecución, represión y violencia arbitraria y el empleo de grupos irregulares para amedrentar a la oposición".

Además, expresa su "más profundo respaldo al pueblo venezolano por su persistente vocación cívica, democrática, en defensa de sus instituciones y libertades republicanas y de la búsqueda del ejercicio de sus derechos civiles y políticos en el marco de su Constitución de 1999 y de sus leyes".

En esa línea, rechaza "de manera enérgica la falta de transparencia en los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela, que han dado como ganador a Nicolás Maduro, sin que se cumplan los estándares establecidos en su propia Constitución y leyes".

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Además, en dicho texto se exhorta "a las autoridades electorales, las Fuerzas Armadas y demás actores del sistema político, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, a la salvaguarda del derecho al sufragio universal, directo y secreto, así como al irrestricto acatamiento de los resultados electorales como expresión legítima de la voluntad popular".

Por último, invoca "a la comunidad internacional y a las ligas de hermandad parlamentaria de la región, a mantenernos corresponsablemente vigilantes de lo que ocurra en la República Bolivariana de Venezuela, abogando por restituir el orden institucional y que ello sea el inicio de una transición para la paz sostenible, la recuperación del Estado de Derecho y la reconciliación del pueblo venezolano".