En el peor momento de la pandemia, el Perú apostó por una solución equivocada. Hoy, el Congreso ha dado un paso más para hacer posible una sanción penal contra el expresidente Martín Vizcarra al admitir una denuncia constitucional en su contra por la compra de más de un millón de pruebas serológicas.
Con 15 votos a favor y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional 580, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente de la República por la adquisición masiva de las llamadas ‘pruebas rápidas’ y la supuesta concertación ilícita para beneficiar a empresas particulares a través de compras directas, sin cumplir los requisitos necesarios.
Una decisión basada en múltiples investigaciones periodísticas, informes de Contraloría y una evidencia cada vez más difícil de ignorar: estas decisiones costaron cientos, quizá miles de vidas.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Caso pruebas rápidas: SAC admite a trámite denuncia constitucional contra Martín Vizcarra
DECISIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS
La tarde del 18 de marzo de 2020, el presidente Martín Vizcarra convocó a una reunión clave en el Ministerio de Economía y Finanzas. Asistieron ministros, funcionarios, empresarios y proveedores, con un objetivo urgente: decidir qué pruebas comprar para enfrentar la pandemia. La joven ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperti, lideró el encuentro donde se discutió inicialmente la disponibilidad, argumentando una supuesta escasez de pruebas moleculares (PCR) y limitaciones logísticas. Se optó por adquirir masivamente pruebas rápidas. Al día siguiente, la entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, renunció, asegurando que fue por no estar de acuerdo con esa decisión antitécnica.
El 21 de marzo de 2020, el Estado peruano emitió órdenes de compra por más de 23 millones de soles para adquirir 1.4 millones de pruebas serológicas, como revela el cuadro oficial obtenido de Perú Compras.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Martín Vizcarra busca prescripción de acusación por coimas
Nipro Medical y Multimedical Supplies fueron las principales beneficiadas, pero lo más grave no fue el gasto, sino el hecho de que el propio Gobierno había desechado previamente una propuesta para adquirir 500 mil pruebas moleculares a una empresa coreana.
El 25 de marzo de 2020, apenas cuatro días después de las compras, el gobierno rechazó una propuesta más eficaz, más precisa y avalada por la comunidad científica: las pruebas moleculares.
Las pruebas rápidas no detectaban el virus, sino los anticuerpos; es decir, podían dar falsos negativos durante los primeros días de infección. La comunidad científica fue clara: no servían para controlar una pandemia. Aún así, Vizcarra y sus ministros insistieron en su uso masivo.
DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ‘LAGARTO’
La denuncia no solo apunta a Vizcarra, sino también a su entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, y a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, quienes aprobaron las partidas presupuestales y defendieron públicamente esta estrategia.
La admisión de la denuncia abre la puerta a un proceso de sanción política. El Congreso podría imponerle una cuarta inhabilitación a Vizcarra para ejercer cargos públicos por hasta 10 años. Pero la pregunta es más profunda: ¿quién responde por las miles de muertes que pudieron evitarse?
Las pruebas rápidas no fueron una simple compra, fueron una decisión que marcó el destino de miles de familias peruanas. Hoy, el Congreso parece estar dispuesto a revisar esa historia de muerte y dolor, aunque sea cinco años después.
