La reciente compra de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desencadenó una crisis política en el Poder Ejecutivo.
A pesar de las dudas iniciales, el acuerdo con la empresa Lockheed Martin por 12 aeronaves caza ya es oficial.
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El proceso, que inició bajo el mandato de Dina Boluarte, cambió de rumbo hacia la tecnología estadounidense recientemente.
El presidente interino, José María Balcázar, afirmó desconocer la firma del contrato millonario apenas 24 horas después del evento.
Sin embargo, se pudo ver que los aviones ya sobrevolaron la base aérea de Las Palmas en Lima.
Esta situación generó contradicciones públicas entre el mandatario y sus ministros sobre la autorización del millonario proyecto.
La falta de coordinación en el gabinete provocó la salida inmediata de piezas clave en el Gobierno central.
El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, fue retirado de su cargo por presunto desacato a las órdenes presidenciales.
Asimismo, Hugo de Zela renunció a la Cancillería tras verse involucrado en las gestiones de la adquisición internacional.
Desembolso económico y secreto militar en compra de aviones
El conflicto escaló cuando el presidente Balcázar intentó bloquear el desembolso de dinero destinado a la compra de aviones.
A pesar de la orden de paralización, el pago fue ratificado tras una reunión entre funcionarios del MEF y el Banco de la Nación, de acuerdo a fuentes allegadas a la compra.
Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, confirmó que el compromiso financiero ya fue ejecutado por las instituciones correspondientes.
Documentos indican que Balcázar firmó la declaratoria de la compra bajo la modalidad de secreto militar meses atrás.
Dicha firma también autorizó la transferencia de 462 millones de dólares como adelanto para la empresa proveedora.
Este hecho contradice las versiones públicas del mandatario sobre su desconocimiento de los términos contractuales del acuerdo.
La gestión de este proceso ha generado críticas sobre la seguridad jurídica y la imagen internacional del país.
Aunque inicialmente se prefería el modelo Gripen, el Consejo de Seguridad optó finalmente por los aviones F-16.
El secretismo en la elección de los proveedores ha dejado interrogantes sobre la transparencia en la selección directa.
El futuro de la defensa aérea peruana
El pago realizado por el Estado peruano asegura que la flota de F-16 resguardará el espacio aéreo nacional.
Algunas unidades ya se encuentran en territorio nacional para participar en exhibiciones programadas en la capital.
Sin embargo, las repercusiones políticas por la presunta mentira oficial mantienen el tema en la agenda pública.
El costo total de la compra de aviones y los líos diplomáticos derivados podrían superar las proyecciones iniciales del presupuesto.
Analistas señalaron que la falta de autoridad en el Poder Ejecutivo ha quedado expuesta ante la opinión pública.
Mientras el Congreso exigió respuestas, la transferencia de fondos marca un punto sin retorno en esta transacción estatal.
La incertidumbre sobre quién tomó las decisiones finales en Palacio de Gobierno sigue siendo el eje de la controversia.
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Los F-16 serán los protagonistas de la defensa peruana durante las próximas décadas, independientemente de la crisis ministerial.
El proceso cierra una etapa de dudas sobre la capacidad operativa y de decisión en las altas esferas gubernamentales.
