Una nueva controversia legal enfrenta a la fiscal Marita Barreto, a su excolega Freddy Niño y a la institución del Ministerio Público. La empresaria Sada Goray, investigada en el marco del caso Markagroup, ha interpuesto una demanda por un millón de dólares contra ellos.
La acción judicial busca una indemnización por daños y perjuicios. El monto solicitado tiene como objetivo resarcir a la empresaria por los presuntos daños ocasionados y cubrir todos los costos que ha asumido para ejercer su defensa legal frente a las acusaciones en su contra.
El documento legal, que ya se encuentra en el Poder Judicial, solicita textualmente “que los demandados paguen 1 millón de dólares (…) a favor de la señora Sada Goray los costos y costas derivados del proceso judicial por indemnización por responsabilidad civil”.
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Revelan chats
‘Milagros Leiva, Entrevista’ reveló los chats que evidenciarían la complicidad o coordinaciones entre el exfiscal Freddy Niño y Telmo Zavala, entonces abogado de Sada Goray.
Un retorno coordinado bajo presunto engaño
El argumento central de la demanda presentada por Sada Goray se enfoca en las circunstancias que rodearon su regreso al Perú. Se sostiene que el exfiscal Freddy Niño coordinó el retorno de la empresaria entre el 3 y 7 de julio.
Según la defensa de Goray, esta coordinación se habría realizado bajo la premisa de que su acuerdo de colaboración eficaz continuaba vigente. Sin embargo, la demanda afirma que para esa fecha, dicho acuerdo ya no existía.
El documento legal indica que el único objetivo de gestionar su regreso de esa manera era “asegurar su encarcelamiento” una vez que estuviera en territorio nacional.
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El uso de la información y la responsabilidad del Estado
La resolución de esta demanda, que fue admitida en el Poder Judicial en julio, podría tener un considerable impacto económico. Un fallo a favor de la demandante implicaría una obligación de pago para el Estado peruano.
En el caso de que la justicia le dé la razón a Sada Goray, el desembolso del millón de dólares no provendría del patrimonio personal de los fiscales demandados.
