El Ministerio Público (MP) desistió del pedido de ampliación de la prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez, por lo que continuará en libertad el proceso del fallido golpe de Estado de 2022.
Y es que, el fiscal Edwin Octavo Cassaverde solicitó esta acción al tomar en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional de excarcelar a la exministra; asimismo, consideró que esta ampliación no puede realizarse porque ya se venció el plazo.
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“La Segunda Fiscalía Suprema especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha presentado un escrito desistiéndose del acto procesal consistente en el requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva respecto a la señora Betssy Betzabet Chávez Chino (…), debido a que, conforme con la sentencia del Tribunal Constitucional, resulta inviable efectuar dicha prolongación cuando el plazo ha vencido”, señaló.
“El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resuelve tener por desistido requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva”, agregó.
Con esto, se dispuso el archivo de la incidencia y la notificación de la resolución a las partes procesales.
#Importante. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Edhin Campos Barranzuela, resuelve dar por desistido el requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva para la expremier Betssy Chávez Chino, procesada por el presunto delito de… pic.twitter.com/qUjPPWFcst
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 5, 2025
Entonces, ¿qué pasará con la expremier?
Tras este desistimiento, la ex primera ministra no regresará, de momento, al Penal Anexo Mujeres de Chorrillos y enfrentará el resto del juicio por el golpe de Estado en libertad.
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Fiscalía pide 25 años de prisión para Betssy Chávez
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pide una pena de 25 años de prisión para Betssy Chávez, además de su inhabilitación por un período de 2 años y seis meses para ocupar cargos públicos, acusándola de ser presunta coautora del delito de rebelión, en agravio del Estado.
Este proceso es parte de las investigaciones en torno al golpe de Estado del ahora preso en el penal de Barbadillo (Ate), Pedro Castillo, a quien se le destituyó y detuvo tras instaurar un gobierno de emergencia al anunciar el cierre del Congreso de la República en 2022.






