INPE revela que la mayoría de presos extranjeros purgan condena por robar

La situación en el Perú es grave respecto a las mafias extranjeras, principalmente venezolanas, aunque también colombianas y ecuatorianas, que empezaron a proliferar con más fuerza a partir del año 2018, gracias a la apertura de nuestras fronteras.

Un indicador del crecimiento exponencial de la criminalidad extranjera en el Perú puede ser la población foránea en nuestros penales, la cual hoy supera los 4 mil 100 internos, entre sentenciados y procesados por diversos delitos.

De los 4139 internos extranjeros, 2839 son venezolanos, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Es decir, casi tres cuartos de la población foránea total. El segundo país en este ránking es Colombia, con 659 presos, le siguen Ecuador con 153 y México con 113.

Contrario a la creencia popular, la mayor población de presos extranjeros no está integrada por sicarios, ni por burriers o tratantes de personas. La mayoría se encuentra en prisión por delitos contra el patrimonio: robo, robo a mano armada, robo agravado. Delitos de alta incidencia que incrementan la inseguridad ciudadana.

"Debo recordar que mi gobierno implementó medidas para aquellos ciudadanos extranjeros en situación irregular que deseaban poner en orden su estado migratorio a través del permiso temporal de permanencia, hemos dado un plazo que se vence el próximo 18 de octubre. No habrá prórroga, aquellos que no hayan cumplido serán expulsados del país", manifestó la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación por 28 de julio.

El anuncio dado por la mandataria no fue exclusivo para extranjeros al margen de la ley. Y, aunque podría pensarse que los migrantes lo tomarían como un acto xenófobo de parte del gobierno, lo cierto es que muchos ya empezaron a regularizar sus papeles y consideran que es una medida que los beneficiará.

Pero optar por un carné de extranjería no solo permite a los migrantes acceder a un trabajo, sino también poder abrir una cuenta bancaria y mandar remesas a sus familias, sin tener que acudir a terceros que en muchos casos les cobran una fuerte comisión.

No solo se trata de una formalidad o un beneficio para el extranjero residente en Perú, es una medida de seguridad para todo el país y una manera de convivencia sana entre ciudadanos.