IDL recibe dinero del extranjero por proyectos con títulos vagos y objetivos difíciles de definir

El silencio mostrado en los últimos días por Gustavo Gorriti y demás directivos del IDL contradice por completo el mensaje que pregona esta institución y las diversas plataformas informativas que maneja: transparencia y rendición de cuentas. 

Hoy, el principio de transparencia y el derecho a la información distan por completo de esta organización no gubernamental, supuesta abanderada de la libertad de expresión.

Y es que no es solo Gorriti. Desde que ContraCorriente reveló, hace una semana, los millonarios aportes que recibe el IDL por cooperación internacional, ninguno de sus directivos se ha atrevido a dar algún tipo de explicación. 

Pedimos formalmente una entrevista con el director de esta institución, Glatzer Tuesta, o algún vocero que pudiera explicarnos en qué utilizaron los casi 25 millones de dólares recibidos en los últimos quince años, pero fue en vano.

Una conducta silente, que solo aviva la curiosidad y la sospecha que nos llevaron a iniciar esta investigación, y la pregunta: ¿qué tanto esconde el IDL?

Decidimos, entonces, escarbar en los proyectos presentados por el IDL a sus cooperantes extranjeros y lo que encontramos fueron títulos vagos, con objetivos difíciles de definir, pero con una característica común: grandes sumas de dinero para su ejecución.

Cooperantes tan polémicos como la Open Society del especulador bursátil George Soros, que ha sido en los últimos años el principal mecenas del IDL. 

Hay otro tema especialmente importante: el supuesto interés del IDL por las comunidades indígenas de la Amazonía, así como la protección de territorios presuntamente habitados por comunidades no contactadas. 

IDL lleva años recibiendo dinero extranjero para atender esta clase de conflictos de carácter cultural, territorial y medioambiental. Pero no actúa sola, una de sus aliadas para este fin, es nada menos que Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), AIDESEP es la ONG nacional con más sanciones por faltas graves y muy graves, que van desde no mostrar sus fuentes de financiamiento, hasta presentar información falsa o fraudulenta, hechos que definitivamente salpican a su aliada IDL.

De esto, IDL no ha escrito una sola letra, como tampoco investigó ni publicó nada sobre la obscena corrupción en los 17 meses del Gobierno de Pedro Castillo. 

Algunos de los proyectos por los que el IDL ha recibido fuertes sumas de dinero del extranjero en los últimos años incluyen justamente labores conjuntas con la cuestionada y sancionada AIDESEP, como conversatorios y programas radiales para las comunidades amazónicas. 

¿Justifican estas acciones el abundante dinero de la cooperación internacional? Solo una exhaustiva fiscalización, por ahora inexistente, podría darnos la respuesta.