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Desde las 8:30 de la mañana, la Fiscalía anticorrupción interviene las sedes universitarias de la UPCH y la UNMSM con el fin de asegurar el destino de las vacunas de Sinopharm contra la COVID-19, que habían sido inmovilizadas en sus respectivos centros clínicos por el Instituto Nacional de Salud, a raíz del escándalo de la irregular inoculación de dosis a más de 400 funcionarios públicos.
Esta diligencia busca asegurar cuál será el uso de las dosis adicionales que fueron inmovilizadas: a quiénes se aplicarán o para qué se van a usar. La fiscalía evalúa, además, solicitar un peritaje a una de las dosis para la evaluación correspondiente de su contenido.
Esta es una pesquisa paralela a la que sigue la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, al ser ellos ex altos funcionarios que tienen prerrogativa de antejuicio político.
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