La situación legal de Bryan Torres se complica tras los recientes hechos de violencia física en contra de su pareja Samahara Lobatón. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha formalizado su intervención directa en el caso que involucra a la influencer.
A través de sus canales oficiales, la institución estatal manifestó su postura institucional frente a este episodio de violencia contra la mujer. La entidad desplegó un equipo multidisciplinario para garantizar la seguridad de la agraviada en su domicilio actual.
El organismo fue enfático al señalar que “desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”.
Inicio de acciones legales
La gravedad de los hechos ha llevado a las autoridades a tipificar el incidente bajo un marco legal severo. La institución informó que se están ejecutando protocolos de emergencia para evitar nuevos ataques contra la integridad de la víctima.
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“Respecto al caso de influencer, víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindando la atención inicial a la agraviada”, detalló el ministerio.
Medidas de protección para Samahara Lobatón
La intervención del equipo especializado busca proporcionar soporte psicológico y legal inmediato. El objetivo principal es asegurar que el entorno de la influencer y sus menores hijos sea seguro ante la presencia del agresor investigado.
Adicionalmente, el MIMP informó sobre las gestiones realizadas ante la justicia: “Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio, hemos solicitado ante el Poder Judicial las medidas de protección para la agraviada y sus hijos”.
Samahara Lobatón: Investigación fiscal
El proceso no se limita únicamente a la asistencia social, sino que escala al ámbito penal. El sistema de justicia ha recibido el requerimiento para que las diligencias se realicen con la prontitud que exige un caso de esta naturaleza.
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La institución estatal ha sido clara en su pedido a los entes persecutores del delito. “Requerimos a la Fiscalía de la Nación y Policía Nacional del Perú la realización de las diligencias de manera célere. El agresor se encuentra en calidad de investigado”, precisó la entidad.
Trabajo conjunto con la PNP y Fiscalía
Esta solicitud de celeridad responde a la necesidad de evitar el entorpecimiento de las pruebas. La Policía Nacional ya cuenta con las directrices para colaborar en la recolección de evidencias y testimonios en la zona de los hechos.
El trabajo articulado es la base de la estrategia estatal para este caso de alta exposición mediática. “Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía para que el caso no quede impune”, aseguró el organismo gubernamental.
