El polémico creador de contenido Einer Gilbert Alva León, conocido en el mundo digital como ‘Makanaky‘, volvió a ser el centro de la atención pública tras ser intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) este lunes 11 de mayo.
El suceso, captado por transeúntes en un concurrido supermercado, se viralizó en cuestión de minutos, despertando diversas teorías sobre su situación legal.
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La razón detrás de la captura de ‘Makanaky’: requisitoria por caso Maicelo
Pese a las especulaciones iniciales, el mánager del influencer rompió el silencio a través del pódcast ‘Face to Face’ de Carlitos TV. Según explicó el representante, la detención no fue fortuita, sino el resultado de una requisitoria activa (RQ) vinculada a un proceso judicial de hace cuatro años, relacionado con declaraciones emitidas sobre el boxeador Jonathan Maicelo.
“Lo que pasa es que a él le ha salido su RQ. Hace cuatro años, él habló sobre el caso de Maicelo. Como no entró a firmar ni tampoco fue a sus reuniones de audiencia, le pusieron la orden de captura”, detalló el mánager en Zentral Studio.
El entorno de Alva León señaló que la falta de compromiso con las diligencias programadas por el Poder Judicial agravó su estatus legal, derivando en la orden de detención que se ejecutó mientras el influencer se disponía a realizar una transmisión en vivo con el streamer Sacha.
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El futuro legal y los contratos pendientes
A diferencia de otras intervenciones más accidentadas, los videos muestran a un ‘Makanaky’ calmado, limitándose a decir “Ya, vamos” al momento de ser conducido por los agentes. Su representante aseguró que ya cuentan con asesoría legal para “limpiar” la requisitoria y permitir que el influencer cumpla con su agenda de eventos en provincias como Cusco, Trujillo y Tarapoto.
Cabe recordar que la justicia peruana mantiene el foco sobre el creador de contenido debido a investigaciones previas por presunta apología del delito. Aunque en el pasado Makanaky afirmó que sus confesiones sobre actos ilícitos en su etapa escolar fueron “bromas”, el sistema judicial ha continuado con el curso de las investigaciones, demostrando que las declaraciones en plataformas digitales pueden tener consecuencias legales reales y tangibles.
