Política


El todopoderoso Alberto Otárola: ningún decreto sale sin su visto bueno o el de su entorno

El círculo más cercano de Otárola está conformado por los funcionarios Paul Caiguaray y Oscar Gómez Castro, además de Karin Cáceres Durango, esta última actual presidenta de Indecopi. 



El todopoderoso Alberto Otárola. Fuente: ContraCorriente.

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Redacción Willax TV Redacción Willax TV

Alberto Otárola, un abogado cuestionado por sus acciones de amparo en favor de los casinos y tragamonedas, es el todopoderoso que siempre está presto para asistir a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En los hechos, Otárola es la puerta de entrada para llegar a la jefa de Estado. Según la última encuesta del poder de Ipsos Perú, empata con Dina Boluarte en la posición de persona más poderosa del país. Se sabe que es el que toma todas las decisiones a la hora del cambio de gabinete.

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Alberto Otárola no es un poder en la sombra. Es visible y dirige el país mientras Boluarte se dedica a viajar. En la práctica, se ha quedado al mando del país hasta en tres oportunidades, y se alista para una cuarta vez. Dina acaba de pedir al Congreso que le autorice un cuarto viaje a los Estados Unidos. Viajes innecesarios que han fortalecido el poder del impertérrito premier dentro de Palacio. 

Detrás de los muros de la PCM se toman las más importantes decisiones. Según nuestras fuentes, ningún decreto sale sin el visto bueno de Otárola o su entorno más cercano, que está conformado por los funcionarios Paul Caiguaray y Oscar Gómez Castro, además de Karin Cáceres Durango, esta última actual presidenta de Indecopi

No hay cambio sustancial que se haga en el Gobierno sin su aprobación. Alberto Otárola es, además, el brazo articulador con el Congreso de la República. Si hoy Dina Boluarte puede operar sin bancada y sin base social, sería por su negociación con varias bancadas. Parlamento y Gobierno saben que un adelanto de elecciones también los tocaría. 

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En los 11 meses en el poder, Otárola ha acumulado una mochila con varios pasivos: las amigas que lo visitan en la PCM y salen con trabajo, el pago irregular de S/41 millones en EsSalud para la compra de kits de pruebas rápidas de COVID-19, la acusación por la muerte de peruanos en las últimas protestas y, claro, el desastroso “Plan Boluarte”.

Al cierre de esta nota, se habían reportado once asesinatos desde que se decretó el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, pero a Otárola parece que no le entran balas.

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