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Ahora les tocó a los árbitros. El equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso Lava Jato allanó inmuebles en varios distritos de Lima, pertenecientes a los árbitros que dirimían las diferencias que surgían entre Odebrecht y Estado, durante la ejecución de proyectos encargados a la empresa brasilera.
Los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde y Javier Velásques Quesquen analizaron en ‘ComButters’ la diligencia a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche. “Estamos hablando de muchos árbitros involucrados, pero solo se ha autorizado a investigar a 14. La elección de estos árbitros estaba digitada”, dijo García Belaúnde.
El legislador de Acción Popular añadió que “tanto la Cámara de Comercio de Lima, como el Colegio de Abogados, certificaban a los abogados. Van a tener que explicar esta situación y como es que algunos de los árbitros eran socios de las empresas consorciadas”.
García Belaúnde acoto que el siguiente paso sería investigar a las empresas contratadas por el Estado como supervisoras. “Las supervisoras, que debían ver a favor del Estado, avalaban las subidas y sobre costos que imponían las adendas”.
“Es evidente que hay un sesgo político en la investigación de la corrupción. El convenio famoso blinda a Odebrecht. Recuerden que el Presidente fue apoderado de Graña y Montero, socia de Odebrecht. Esto es un salvataje a Odebrecht, ese es el convenio”, dijo García Belaunde.
A su turno Javier Velásquez Quesquen manifestó que controlar a os árbitros “era una práctica que tenían las empresas brasileras. Esto debió hacerse desde el principio de la investigación. Además está también el tema de las empresas supervisoras. Es evidente que de parte de la Fiscalía hay un esquema selectivo para investigar”.
Sobre el Presidente Martín Vizcarra, Velásquez Quesquen dijo que “va a tener un año en marzo y no ha hecho nada. Los indicadores sociales y económicos están peor, ha subido la anemia, hay más desempleo. Todo es populismo”.
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