El fiscal Richard Rojas Gómez incluyó a la vicepresidenta Dina Boluarte y Braulio Grajeda, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la investigación por supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre, informó El Comercio.
Según las diligencias, ambos funcionarios abrieron una cuenta mancomunada en el BCP en la que recaudaron aportes ilícitos de S/100 mensuales provenientes de los trabajadores que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) del Gobierno Regional de Junín, para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido, por su condena por corrupción.
De acuerdo al colaborador eficaz 04-2021, dichos aportes eran solicitados por la cúpula del partido a través de WhatsApp y “condicionados a la renovación de sus contratos”.
“Exigieron aportes a todos los trabajadores contratados aunque no seas del partido, era obligatorio para la permanencia del puesto de trabajo, si no aportas te sacan del trabajo con algún pretexto”, indicó el colaborador.
Mientras que otra parte del monto venía de los funcionarios, quienes aportaban dinero proveniente del cobro de coimas y cupos de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín.
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Frente a ello, la fiscalía no descarta que Boluarte “haya realizado actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política, como la de otros candidatos, organizadas por el partido político Perú Libre desde su fundación [con sus denominaciones anteriores] hasta la actualidad”.
Motivo por el que es incluida, junto a Grajeda, en la investigación por el delito de lavado de activos agravado en la modalidad de actos de conversión y transferencia en el marco de una organización criminal.
