Política
La Defensoría del Pueblo concluye, mediante un informe, que el ejercicio de la libertad de prensa en el país se desarrolla en un ambiente hostil por las diversas dificultades que el Gobierno de Pedro Castillo impone a su ejercicio.
“Todo acto de gobierno debe implicar un acto de comunicación; más aún, si las decisiones estatales impactan directamente en cómo se prestan los servicios públicos y cómo se garantizan los derechos de las personas”, subrayó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, durante la presentación del informe Supervisión en relación con la Libertad de Prensa.
Luego de identificar diversos estándares desarrollados por órganos nacionales y supranacionales sobre las libertades de expresión e información, el documento defensorial, que evaluó los primeros 120 días de gestión sobre la materia, advierte que este Gobierno no garantiza la libre labor de la prensa, especialmente cuando esta aborda asuntos referidos a su gestión.
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La Defensoría del Pueblo observó que altos funcionarios del Ejecutivo mantienen un discurso orientado a atacar a determinados medios de comunicación que desarrollan una línea informativa incómoda o molesta a sus intereses, así como también se advirtieron decisiones o actitudes negativas que constituyen trabas para el normal ejercicio de la labor periodística.
Como consecuencia de lo descrito, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia de la República realizar conferencias de prensa y no obstaculizar la participación de todos los medios de comunicación en actos oficiales, además de disponer la capacitación de su personal de seguridad sobre el trabajo de las y los periodistas.
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