Betssy Chávez: detalles de la investigación del MP sobre su papel en el golpe de Estado

Desde la cárcel, Betssy Chávez, la cuarta y última presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, se victimiza con el discurso de siempre de la izquierda radical, pero en audiencias nacionales llora.

Sin embargo, ni las lágrimas alcanzan. Ahora el fiscal supremo Helder Uriel Terán Dianderas ha sido contundente en 963 páginas de sustentados argumentos que incluyen testimonios claves, nunca antes conocidos, pericias fundamentadas a GPS y computadoras y geolocalizaciones de autos y teléfonos que colocan a la exministra y congresista favorita de Castillo en el centro de operaciones de un autogolpe de Estado, gestado un día antes del 7 de diciembre.

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Tres secretarias de la PCM, dos choferes a cargo de su custodia y peritajes a las computadoras, y celulares y GPS de los vehículos utilizados nos detallan el nivel de participación que habría tenido Chávez Chino en el burdo intento de quebrar la democracia el 7 de diciembre de 2022 cuando, a las 10.53 de la mañana, junto a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, se leyó el mensaje a la nación del golpe de Estado. Los videos deslacrados y publicados a nivel nacional evidencian las coordinaciones del antes y después. Pero hoy, por primera, vez nuevos testimonios lo confirman.

Milagros Azucena Talledo Silva tiene 59 años. Es abogada, egresada de la Universidad Alas Peruanas, con amplia experiencia en la administración pública  y 26 años en el desempeño como secretaria ejecutiva. Ha trabajado con 18 presidentes de Consejo de Ministros, y ese día, el miércoles 7 de diciembre de 2022, se encontraba en Palacio de Gobierno. Talledo Silva ha narrado con detalle ante el fiscal lo que allí ocurrió.

"Luego del mensaje a la nación, la expremier Betsy Chávez Chino regresó a su despacho en la PCM y, poco después, salió de ahí su asesora Nadia contreras y me pidió un formato de decreto supremo, diciendo 'Necesitamos un cartón con el formato de decreto supremo', y yo le respondí 'No tenemos esos formatos, esos lo tienen asesoría jurídica en secretaria general', y me dijo 'Vaya y pida'", se escucha en un reportaje de 'ContraCorriente'.

Su testimonio es confirmado por la declaración de Nataly Jazmín Vega Tafur, segunda secretaria de la PCM, que también estuvo allí.

Pero la declaración de las secretarias aportan otro medio probatorio acerca de la participación de la expremier. En la declaración de Nataly Jazmín Vega Taffur también se puede leer por primera vez acerca del movimiento clandestino de la Betssy Chávez a la embajada de México.

Cristian Pedro Martínez Valencia era el chofer designado a la PCM que ese día estaba a cargo de la conducción del vehículo oficial con placa EGO 151, en el que se trasladó Chávez Chino. En su declaración, consignada en página 572 de la acusación fiscal, dice lo siguiente: "Cuando la expremier Betsy Chávez abordó el vehículo, ella misma nos dijo que nos dirijamos a la embajada de México".

¿Y por qué es importante la narración del recorrido? Pues porque el reporte de geolocalización del vehículo de placa EGO- 151, remitido por la empresa responsable GEOSATELITAL PERU EIRL, consignado en la acusación fiscal en la página 35, confirma este recorrido.

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El reporte detalla, además, los consecuentes minutos que cronológicamente coinciden con el traslado y la captura en flagrancia de Pedro Castillo quien, minutos antes había sido vacado de la presidencia de la República con 103 votos en el Congreso. El fiscal confirma así la sincronización y el intento de fuga del presidente y la premier. Aunque una vez más, para la ministra favorita de Castillo, hoy presa en la cárcel de Chorrillos, eso no prueba nada.

La verdad se abre paso frente a un TikTok, que ahora marca que el tiempo para las mentiras de la expremier ha terminado. La acusación concluye que la joven e impetuosa Betsy Chávez Chino, la amiga que recibía visitas clandestinas y de madrugada del presidente en su departamento de soltera, es coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión previsto y sancionado en el artículo 346 del código penal en agravio del Estado. Ahora se pide que se le interponga 25 años de pena privativa de libertad y 2 años y 6 meses de pena de inhabilitación. En las próximas semanas, un juez deberá decidir si existe causa probable suficiente para que empiece el juicio.