Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), esta mañana se ejecutó el retiro de portones y muros instalados por la empresa de Zamir Villaverde en un área de uso público.
La medida judicial fue ejecutada en la playa Los Lobos, distrito de Cerro Azul, Cañete, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal municipal.
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Estos bloques de concreto y estructuras privadas habían impedido el libre tránsito de los vecinos a la mencionada playa, vulnerando un derecho fundamental.
Zamir Villaverde desafió a la autoridad
El operativo de retiro se puso en marcha este viernes 5 de diciembre, donde el empresario con antecedentes judiciales, Zamir Villaverde, apareció y desafió a las autoridades.
Ante la confrontación, el agente a cargo de la diligencia fue tajante: “Nuestra presencia es para que se ejecute una diligencia judicial”.
Producto de la situación de alta tensión, la PNP detuvo a un agente de seguridad vinculado a la empresa por intentar bloquear el paso de los efectivos.
Amenazó a juez y alcalde
Fiel a su estilo, el exconvicto Zamir Villaverde amenazó con denunciar a la jueza Nilda Roque Gutiérrez y al alcalde de Cerro Azul, José Pain.
Incluso, insinuó que ambos funcionarios y el estudio jurídico pertenecerían a una organización criminal.
“A esos señores que están allá, que aparentemente pertenecerían a una organización criminal… me voy a encargar de meterlos presos“, aseveró el empresario.
Villaverde también anunció que investigaría al estudio jurídico y a los tres miembros del Tribunal Constitucional que emitieron una sentencia ilegal.
La jueza Nilda Roque Gutiérrez, por su parte, indicó que el empresario estaba en todo su derecho de realizar las denuncias que considere pertinentes.
TC declaró fundada demanda contra Zamir Villaverde
La empresa Villaverde Company SAC había instalado las barreras en la avenida Soriano, sector ‘Las Conchitas‘.
Residentes afectados presentaron una demanda de hábeas corpus, la cual fue resuelta por el TC a favor de los demandantes.
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El máximo intérprete de la Constitución peruana determinó que estas barreras vulneraron el derecho al libre tránsito, conforme al artículo 2 de la Carta Magna.
Hay que precisar que ya se había intentado iniciar el retiro de las estructuras el pasado 26 de noviembre, pero se frustró debido a la resistencia en el condominio.
