Luis Roel Alva, constitucionalista y excongresista, sostuvo que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula ordenanzas de nueve municipalidades distritales por imponer multas y permite el uso de grúas para remolcar vehículos, no solo ratifica criterios anteriores, sino que también marca una línea coherente y definitiva sobre las competencias en materia de fiscalización del tránsito en Lima.
“Más que un precedente, es una sentencia que marca una coherencia del Tribunal Constitucional. El TC ya se había pronunciado sobre las infracciones que cometió la Municipalidad de La Victoria en un tema muy similar, donde excedió sus competencias”, declaró el abogado en el noticiero ‘Al Día con Willax’.
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El constitucionalista detalló que, conforme al fallo, la labor de fiscalización recae exclusivamente sobre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú.
“Esta sentencia marca un precedente para que no exista ninguna duda de que lo que corresponde al Gobierno Nacional, es decir, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es regular todo el tema relacionado con el transporte terrestre, sus infracciones y sus reglas, y al Municipio Metropolitano de Lima, conjuntamente con la Policía, establecer la fiscalización: imponer las multas y establecer el deposito, de ser el caso, a los vehículos, sin que ya lo hagan las municipalidades distritales. Si existiera alguna otra municipalidad que no esté en las sentencias antes mencionadas de La Victoria o esta, que reúne varias comunas, se debe señalar que cualquier ordenanza que infrinja lo señalado por el Tribunal Constitucional, es una ordenanza inválida“, aclaró el exlegislador de Acción Popular.
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Roel Alva advirtió que, de persistir estas normativas en distritos no contemplados en la sentencia, podrían presentarse denuncias ciudadanas, ocasionando conflictos legales innecesarios.
“Si el municipio no hace de oficio reformas en su normativa distrital, podría generar que los ciudadanos afectados interpongan denuncias”, mencionó.
