La avenida Abancay, principal arteria del centro de Lima que conecta con el Congreso de la República, ha sido escenario de protestas de mineros informales o ilegales durante los últimos diez días, impidiendo el tránsito vehicular. Esta situación refleja una crítica a la ineficacia del Legislativo y de los recientes gobiernos.
En este contexto de tensión, los ‘Padres de la Patria’ aprobaron por cuarta vez la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027.
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El Reinfo fue concebido hace más de diez años como una medida transitoria para que el gobierno aplicara políticas de formalización y eliminara la precariedad laboral de los mineros artesanales. Sin embargo, la extensión constante ha convertido al registro en una herramienta que, según críticos, perpetúa la ilegalidad.
El problema no radicaría en la formalización en sí, sino en que el Estado y el Congreso han permitido que el Reinfo funcione como un programa permanente sin exigencias claras durante más de una década. Esto ha dejado a miles de mineros artesanales en un “limbo administrativo” indefinido.
Además, el Registro Integral de Formalización Minera es visto por muchos como un “escudo protector” que evita que las autoridades puedan fiscalizar la extracción, procesamiento y venta de oro ilegal.
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Riesgo e ilegalidad: Reinfo como “licencia sin caducidad”
Según diversos sectores, el Reinfo se ha transformado en una “licencia sin caducidad” que permite a los mineros operar con una formalización suspendida o incompleta. Esta situación facilita actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de mujeres y la explotación infantil. Actualmente, la minería artesanal e ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en el país.
Organizaciones criminales se han aprovechado de este período para acceder a insumos fiscalizados como explosivos, movilizarse sin control y encubrir acciones de minería ilegal. Incluso se ha detectado el tráfico de “reinfos”, que se venden como si fueran pepitas de oro.
Gran parte de los inscritos en el registro no han presentado documentación válida, no han acreditado titularidad o no han regularizado sus procesos productivos.
La Confiep ha expresado su preocupación, indicando que el Reinfo no puede ser un “eterno permiso para generar violencia”. También señalaron la posibilidad de que la extensión esté motivada por intereses en el “bolsón electoral” de las próximas elecciones.
¿Aprobación de cara a próximas elecciones?
La congresista Diana Gonzales de Renovación Popular se ha posicionado como la principal opositora a la ley, presentando información de la Sunat en el debate. Ella ha confrontado a los denominados “congresistas mineros” en la discusión.
La minería ilegal trae consigo problemas como violencia, crimen organizado y delincuencia, que es la principal preocupación con un 44% de menciones. La contaminación ambiental también es un problema significativo, alcanzando un 41%.
La aprobación final de la ampliación en el Pleno ha generado rumores de que algunos congresistas habrían cambiado su voto por promesas de votos en futuras elecciones.
