Las recientes protestas protagonizadas por mineros informales han generado caos en varias carreteras del país y enfrentamientos con la policía. La movilización responde a la exigencia del retorno del REINFO, un registro creado en 2016 para formalizar a la pequeña minería y minería artesanal, administrado por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, la falta de supervisión efectiva y la reciente decisión gubernamental han provocado un estallido social.
Actualmente, el REINFO cuenta con 26,712 registros vigentes, de los cuales 16,384 corresponden a personas naturales y 10,328 a personas jurídicas. A pesar de que los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de fiscalizar a estos mineros, la falta de recursos y logística adecuada dificulta esta tarea, dejando a muchos en un limbo legal que puede prolongarse por años.
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El detonante de las protestas es el Decreto Supremo 012-2025, que establece el cierre del proceso de formalización para la pequeña minería, otorgando una prórroga solo a quienes tienen inscripción vigente o suspendida por menos de un año.
Esta medida implica la desaparición de más de 50 mil registros, lo que ha generado rechazo tanto en las calles como en el Congreso, donde se han presentado 23 proyectos de ley que buscan flexibilizar o eliminar los controles actuales para la minería no formal.
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Además de la trágica muerte de Alexander Checa Montalvo, las protestas han dejado varios heridos, incluyendo policías y civiles. La situación refleja la complejidad del sector minero informal, donde empresas con registros suspendidos, como ‘EUROMIN PERÚ S.A.C.’ y ‘EDIFICAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.’, continúan operando sin supervisión ni cumplimiento de normas ambientales y laborales, evidenciando la urgencia de una solución integral.
