En un golpe contundente contra la impunidad dentro de las fuerzas del orden, el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte obtuvo la medida de 18 meses de prisión preventiva para tres miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Los agentes son investigados por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y robo agravado en perjuicio de una ciudadana y ciudadanos extranjeros.
La resolución judicial recae sobre el alférez PNP Junior Mauricio, destacado en la comisaría de Chaclacayo, y los suboficiales Marcelo Benavides y Neil Rafael, ambos pertenecientes al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.
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El modus operandi: Intervenciones ilegales en pleno estado de emergencia
De acuerdo con la tesis fiscal, los imputados habrían aprovechado las facultades excepcionales del estado de emergencia decretado por el Gobierno para irrumpir de manera ilegal en un hospedaje. Durante el operativo irregular, los efectivos habrían interceptado a ciudadanos extranjeros con un objetivo estrictamente delictivo: exigir beneficios económicos a cambio de no proceder con su detención o liberación formal.
La investigación detalla que los agentes no solo habrían solicitado sobornos, sino que también habrían actuado con violencia para apropiarse de fuertes sumas de dinero y diversos objetos de valor hallados en las habitaciones del inmueble.
Tras el presunto robo, los efectivos trasladaron a los intervenidos a la sede de la Depincri de San Martín de Porres para darle una apariencia de legalidad a un procedimiento que, según el Ministerio Público, nació de un acto criminal.
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Compromiso con la justicia
La fiscalía presentó elementos de convicción sólidos que vinculan a los uniformados con el uso indebido de su cargo para fines ilícitos. La gravedad de las penas proyectadas y el riesgo de obstaculización del proceso fueron determinantes para que el Poder Judicial validara el pedido de prisión preventiva, garantizando así que los investigados permanezcan recluidos mientras avanzan las pesquisas.
El Ministerio Público ha reafirmado que las diligencias continúan en curso para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar las responsabilidades penales individuales, subrayando que ningún funcionario público está por encima de la ley, especialmente aquellos encargados de velar por la seguridad ciudadana.
