La imprudencia al volante vuelve a teñir de sangre las pistas de Lima. Esta vez, la víctima es Jorge Alberto Ugarte Herrera, un joven policía de tránsito de 26 años, quien fue atropellado por dos unidades de la empresa Cruz del Centro (conocida popularmente como ‘Los Chinos’) mientras cumplía su labor en el kilómetro 21 de la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos.
El accidente, captado por cámaras de seguridad, muestra el momento exacto en que las unidades impactan contra el agente, quien intentaba ordenar el caótico flujo vehicular de la zona. Ugarte, natural de Arequipa, llegó a la capital con el sueño de servir a la institución policial, pero hoy lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos.
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Policía atropellado en Los Olivos está grave
El estado de salud del efectivo es alarmante. Según relató su hermana, Brenda Castillo, el impacto le provocó fracturas en todas las costillas y el tórax. La gravedad de las lesiones internas obligó a los médicos a extirparle el bazo y parte del hígado. Además, una de las costillas rotas perforó uno de sus pulmones, complicando aún más su pronóstico.
“Mi hermano se está debatiendo entre la vida y la muerte. Es indignante que, ante tal gravedad, la justicia actúe con esta ligereza”, manifestó Castillo en declaraciones para la prensa.
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Denuncian presunta irregularidad fiscal
La mayor indignación de la familia radica en la liberación de los dos conductores involucrados. Según la denuncia, el fiscal a cargo habría otorgado la libertad a los choferes tras cumplirse las 48 horas de flagrancia, sin haber agotado las diligencias preliminares necesarias.
La familia sostiene que el Ministerio Público no envió a un médico legista para constatar el estado crítico de la víctima antes de decidir la situación legal de los detenidos. “No se han recabado las pruebas necesarias para determinar la magnitud del daño. Ahora que pasó la flagrancia, están libres”, denunció la hermana del agente.
Hasta el cierre de esta nota, ni los conductores ni la empresa de transportes se han hecho responsables de los elevados gastos médicos. La familia exige la intervención inmediata de la Inspectoría de la PNP y de la Fiscalía Superior para revisar el caso y evitar que este atropello quede en la impunidad.
