La Superintendencia Nacional de Migraciones se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. A pesar de las crisis migratorias, las investigaciones fiscales y el colapso del sistema que afectó a miles de ciudadanos, una constante permanece: la empresa francesa IN Groupe.
Esta compañía está próxima a obtener un nuevo y millonario contrato para la emisión de un lote de pasaportes electrónicos.
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La relación entre el Estado peruano y la firma de origen francés no es reciente. El vínculo técnico y comercial se remonta al año 2015. En aquel entonces, Migraciones contrató al consorcio IN Continu Et Services -actualmente parte de IN Groupe- junto a la empresa Gemalto para implementar el sistema biométrico.
Desde esa fecha, ambas organizaciones se han consolidado como piezas fundamentales de la infraestructura de identidad en el país. Durante los últimos 11 años, el Estado ha suscrito acuerdos y adjudicaciones que superan los 200 millones de soles con estas entidades.
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Nadie los puede detener
A lo largo de esta década, la entidad ha sido liderada por siete gestiones distintas. Desde Boris Potozen en 2015, pasando por Eduardo Sevilla, Roxana del Águila, Martha Silvestre, Jorge Fernández y Armando García Chunga, hasta llegar a la actual dirección de Juan Alvarado Gómez.
Ninguno de estos periodos ha logrado modificar la estructura de contratación que mantiene a IN Groupe como proveedor principal. De hecho, la última adjudicación otorgada durante el presente año asciende a más de 28 millones de soles. Esta situación genera interrogantes sobre la seguridad nacional y la autonomía del sistema de identidad peruano.
Empresa con antecedentes
El escenario se torna complejo debido a los antecedentes internacionales de la empresa. Informes periodísticos del extranjero afirma que IN Groupe ha estado involucrada en casos de corrupción en Ucrania, donde se efectuó un pago de 3.7 millones de euros como reparación.
Además, en Australia se registraron problemas operativos y críticas en proyectos vinculados a sistemas de identidad.
En el ámbito local, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General de la República mantienen investigaciones preliminares. El objetivo es determinar la existencia de presuntas irregularidades administrativas o delitos contra la administración pública relacionados con este proveedor de pasaportes.
