El Poder Judicial (PJ) revocó la prisión preventiva del manifestante Samuel Rodríguez, quien pateó a un policía durante las marchas de la Generación Z.
La decisión de la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima fue al evidenciar el error de la Fiscalía.
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Y es que el Ministerio Público, pese a la agresión que protagonizó el manifestante contra el policía, imputó a Rodríguez el presunto delito de disturbios.
Error en delito imputado a manifestante
Por ende, los jueces consideraron, según el documento al que accedió Expreso: “No configura el delito de disturbios, ya que no generó daños ni alteró la paz pública“
Asimismo, el fiscal Christian Gutiérrez de la Cruz incluyó el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, cuando en registros quedó evidenciado que eso no ocurrió.
Al ser interceptado por la Policía Nacional del Perú (PNP), Samuel Rodríguez dejó que lo intervengan sin mostrar oposición.
“No está referida a un supuesto aislado de agresión individual, que es lo que se percibiría de los elementos de convicción aportados”, indicaron los magistrados.
Es así que el PJ revocó la prisión preventiva y dictó comparecencia simple contra el manifestante que agredió a la autoridad.
“Disponer la inmediata libertad del imputado Samuel Rodríguez Villa, siempre y cuando no exista otro mandato de detención vigente”, ordenaron.
Piden su liberación
Tras la orden, la familia del procesado y su abogado, Rodrigo Noblecilla, denunciaron trabas para ejecutar su liberación.
Noblecilla afirmó que no lo dejaron ingresar al penal Ancón II para hacer cumplir la medida. “Dicen que no aparezco en el registro de abogados“, alegó.
No obstante, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que si bien recibieron la orden este 10 de octubre, “el protocolo establece la revisión documentaria y la corroboración de que Rodríguez no registre procesos pendientes”.
Y subrayaron: “La ley otorga un plazo de 24 horas para ejecutar la orden emitida por la Corte Superior de Justicia”.
Samuel Rodríguez envía mensaje
Aunque lo estipula el protocolo, a través de su abogado, el acusado de agredir al capitán PNP Anderson Portocarrero “denunció su secuestro“.
Y a pesar de que Dina Boluarte fue vacada, la acusó de impedir su excarcelación. “Denuncio mi secuestro en el penal Ancón II, dirigido y dictado por esta dictadura y Dina Boluarte. Exijo mi libertad inmediata al Poder Judicial y a la Fiscalía”, escribió.
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El investigado por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad – disturbios también se victimizó:
“Mi secuestro no debe servir como un amedrentamiento hacia los sectores sociales que están en lucha“.
