‘ContraCorriente’ reveló que un integrante de una presunta red criminal utiliza saco y corbata. Este individuo, un juez superior, ocupa una de las sillas en una Sala Superior Constitucional de la Corte Superior de Lima.
Se trata de Oswaldo Ordoñez Alcántara, un juez superior que preside la Primera Sala Constitucional Superior de Lima. Además de su cargo en la judicatura, Ordoñez ejerce como presidente de la Asociación de Magistrados del Perú. Su última aparición mediática, aplaudida por la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), fue criticar al Parlamento y al Ejecutivo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un oficio (N° 4249-2025) formulado por la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado detalla una grave acusación. Según este documento, el juez Oswaldo Ordoñez pertenecería a la organización criminal denominada “Los Encorbatados de Lima Norte”.
Esta red criminal presuntamente habría obtenido resoluciones judiciales favorables. El objetivo habría sido la apropiación ilícita del proyecto inmobiliario Las Palmeras de Carabayllo. La investigación policial fue iniciada por la Policía Anticorrupción – DIRCOCOR a raíz de una denuncia anónima.
Caso Las Palmeras de Carabayllo
El conflicto judicial y social en Las Palmeras de Carabayllo se remonta al año 2010. En aquel momento, la empresa “Los Portales” adquirió un terreno de 4.09 hectáreas en el Fundo Pampa Libre, Carabayllo. La empresa inició la habilitación urbana de la zona, incluyendo pistas, parques y servicios básicos.
Cinco años después, más de 190 familias compraron lotes de buena fe en el proyecto, sin conocer el futuro incierto que les aguardaba. Paralelamente a la compra de “Los Portales” en 2010, Mario Fernández Llamocca interpuso una demanda de “mejor derecho de propiedad”. Fernández alegaba que el terreno le pertenecía a su difunto padre, Manuel Fernández Soca, como resultado de un proceso de la Reforma Agraria.
El proceso judicial tuvo varios giros. En 2014, la primera instancia declaró la demanda infundada. En 2016, la Sala Superior confirmó el fallo y el caso fue archivado. Un año después, la Corte Suprema anuló lo resuelto y ordenó un nuevo pronunciamiento. En 2018, la Sala ratificó a “Los Portales” como el propietario legítimo.
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Sin embargo, en 2019, una Casación (N° 28290-2018) resuelta por la Corte Suprema revocó todos los fallos anteriores y favoreció a Fernández. La investigación policial sugiere que la organización criminal descrita en el oficio de la DIRCOCOR estaría compuesta por más de nueve personas.
Uno de los presuntos líderes sería el juez superior Oswaldo Ordoñez Alcántara. Se le señala como el enlace con otros jueces y salas para asegurar las resoluciones favorables. Otros integrantes mencionados serían:
- Julio Guevara Paricana: Abogado encargado de coordinar pagos y reuniones privadas.
- Javier Rodríguez Gómez y Jimena María Ayala Mezzich: Magistrados vinculados a resoluciones sospechosas en favor de la red.
- Gina Cárdenas Pisfil: Abogada que presuntamente extorsionaba directamente a los vecinos.
Denuncia anónima contra juez Oswaldo Ordoñez
La denuncia anónima incluye conversaciones específicas que podrían determinar las gestiones ilícitas de la presunta organización criminal. Un registro de comunicación detalla que el juez Oswaldo Ordoñez preguntó por la respuesta sobre el fallo judicial esperado. El abogado Julio Guevara respondió que “Pancho” había asegurado que “casi todo estaba listo y que emitiría una opinión previa de resolución”.
Al día siguiente, la fuente consigna que Oswaldo le comunicó a Julio que “Pancho” había confirmado que todo estaba “OK y cerrado“. El abogado Julio Guevara respondió con un mensaje de alivio: “Luz para mis ojos“.
Los vecinos de la residencial “Las Palmeras de Carabayllo” corroboraron parte de la declaración del testigo de la denuncia anónima. Los integrantes de la red supuestamente comenzaron a exigir a los vecinos que pagaran 10 mil dólares adicionales para conservar sus viviendas. De lo contrario, se les amenazaba con el desalojo forzoso o la demolición de sus construcciones.
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Se solicitó versión del juez Oswaldo Ordoñez
Contracorriente solicitó formalmente la versión del juez Oswaldo Ordoñez sobre la gravedad de la investigación policial. Se solicitó una entrevista al área de prensa del Poder Judicial, se le escribió a su teléfono personal y se le buscó en su domicilio, pero no se obtuvo respuesta.
La DIRCOCOR ha insistido, enviando un nuevo oficio al coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Mirko Cano Gamero. El documento reitera la urgencia de iniciar una investigación fiscal preliminar.
A la fecha, sin embargo, no existe ningún avance oficial al respecto. Las pruebas, comunicaciones e indicios han sido entregados a las autoridades competentes. Más de 190 familias que invirtieron sus ahorros para una casa podrían ser afectadas por esta presunta red criminal.
