Ante las recientes denuncias que involucran a integrantes del club Alianza Lima, el abogado penalista uruguayo y expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, brindó detalles técnicos sobre el proceso contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.
El especialista señaló que, independientemente de la nacionalidad de los implicados, el sistema judicial de Uruguay tiene la potestad absoluta sobre hechos ocurridos en su suelo.
“Los delitos deben ser juzgados”, según abogado uruguayo
Barrera enfatizó que las actuaciones deben radicarse en el país donde se habrían suscitado los hechos. La atención mediática ha crecido debido a la relevancia de los nombres mencionados, como Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.
“Los delitos cometidos aquí deben ser juzgados según la ley uruguaya y en un tribunal uruguayo”, afirmó Jorge Barrera en entrevista para el programa “Ahora y en la Hora“. El letrado remarcó que esta norma se aplica sin distinción de origen.
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El principio de territorialidad
El análisis legal se centra en el Artículo 9 del Código Penal de Uruguay. Este apartado jurídico determina que cualquier falta cometida dentro del territorio nacional debe ser procesada bajo la normativa local vigente.
El abogado explicó que este principio es la base del orden público. “Se establece que todos los delitos que se cometen en el territorio del país van a ser castigados por la ley uruguaya”, precisó el especialista penalista.
La justicia uruguaya es la única competente para determinar responsabilidades penales. El proceso exige una investigación exhaustiva de las pruebas y testimonios presentados por las partes.
Abogado uruguayo: Medidas de la justicia local
La Constitución uruguaya, en su artículo 4, respalda la soberanía del Poder Judicial. Esto garantiza que no existan privilegios por la condición de ciudadanos extranjeros o deportistas de alto rendimiento en el proceso de investigación.
“La contra cara sería que los delitos de uruguayos cometidos en el extranjero deben sustraerse de la justicia uruguaya”, explicó Barrera para ilustrar la reciprocidad y coherencia del sistema jurídico internacional.
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Actualmente, el caso se encuentra en una etapa donde la recolección de evidencias es fundamental. La Fiscalía de Uruguay deberá evaluar si existen elementos suficientes para proceder con una acusación formal contra los implicados.
Los procedimientos penales
El derecho a la defensa y la presunción de inocencia son pilares en este escenario. Sin embargo, la ley penal es estricta en cuanto al cumplimiento de los plazos y la comparecencia de los investigados ante los tribunales correspondientes.
“Hasta que las actuaciones no estén radicadas en el país, no ha sido un tema central en el Uruguay de hoy”, concluyó el letrado.
