El Gobierno ha decidido pasar a la ofensiva contra la criminalidad que asfixia al sector transporte. En una conferencia desde la Estación Central del Metropolitano, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, detalló las nuevas medidas restrictivas que buscan frenar el sicariato y la extorsión, destacando la prohibición de la circulación de motocicletas con dos ocupantes.
Esta disposición se enmarca en la próxima publicación de la Ley 32490, confirmada por el presidente José Jerí. La norma establece medidas extraordinarias contra el crimen organizado y será oficializada a más tardar este domingo, para que entre en vigor el lunes 19 de enero.
Según el Ejecutivo, el uso de motos lineales por parte de dos personas se ha convertido en la herramienta principal para el escape de delincuentes y ejecutores de asesinatos por encargo.
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Gobierno con tolerancia cero: cancelación definitiva de la licencia de conducir
El aspecto más disruptivo del nuevo decreto supremo es el sistema de sanciones progresivas. El ministro Prieto fue claro al señalar que el objetivo no es meramente recaudatorio, sino preventivo y disuasorio. Bajo el nuevo esquema, la primera infracción será catalogada como “muy grave”, restando 50 puntos del récord del conductor y aplicando una multa pecuniaria que aún permitirá el beneficio de pronto pago.
Sin embargo, la rigurosidad aumenta exponencialmente ante la reincidencia. Si un motociclista es intervenido por segunda vez transportando a un acompañante, el castigo será definitivo.
“La segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete”, enfatizó el titular del MTC.
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Objetivo: devolver la seguridad
En este segundo escenario, la multa se duplica automáticamente, se eliminan todos los beneficios de descuento y se restan 60 puntos adicionales, lo que deriva en la cancelación definitiva e inapelable de la licencia de conducir. Con esto, el infractor quedará inhabilitado permanentemente para operar vehículos motorizados de esta categoría.
El Gobierno espera que estas acciones, sumadas a la nueva Ley contra la extorsión, permitan a la Policía Nacional del Perú (PNP) identificar con mayor facilidad a sospechosos en zonas críticas de Lima y regiones. La medida ha generado diversas reacciones en gremios de motociclistas, pero el Ejecutivo sostiene que la prioridad actual es devolver la seguridad a los millones de usuarios y trabajadores del transporte formal.
