El Gobierno peruano dispuso la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo adicional de 60 días, medida que rige desde el miércoles 29 de abril con el objetivo de enfrentar el incremento de la criminalidad, mediante acciones lideradas por la Policía Nacional y el respaldo de las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas.
La decisión fue oficializada a través del Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, donde se detalla que las intervenciones serán planificadas según inteligencia operativa, mapas del delito y niveles de incidencia delictiva.
Intervenciones focalizadas y control operativo
Durante la vigencia de la medida, la Policía asumirá el control del orden interno, priorizando áreas consideradas de alto riesgo. Las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo logístico y de seguridad en coordinación con las autoridades policiales.
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El despliegue se ejecutará bajo criterios técnicos que buscan optimizar los recursos del Estado frente a delitos como extorsión, sicariato y robos agravados, fenómenos que han generado alarma en la ciudadanía.
Restricción de derechos constitucionales
Como parte del estado de emergencia, se mantiene la suspensión de determinados derechos constitucionales, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución. Entre ellos figuran la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
En ese contexto, las actividades públicas masivas, como eventos religiosos, culturales o deportivos, deberán contar con autorización previa de las autoridades. En cambio, las reuniones de menor escala podrán desarrollarse sin este requisito.
Evaluación y rendición de cuentas tras estado de emergencia
El Comando de Coordinación Operativa Unificada tendrá la responsabilidad de presentar un informe detallado al Ministerio del Interior dentro de los cinco días hábiles posteriores a la culminación del periodo de prórroga.
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Dicho documento incluirá resultados, análisis de impacto y recomendaciones, y será remitido a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial para su evaluación institucional.
La ejecución de esta estrategia será financiada con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, así como con recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Con esta extensión, el Ejecutivo busca sostener la presión operativa sobre las organizaciones criminales, en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre la eficacia de estas medidas frente al avance de la inseguridad.
