La amenaza de muerte contra la fiscal provincial Margarita Haro Pinto ha puesto en evidencia una crisis que, según documentos, fue advertida a las más altas instancias del Ministerio Público. El mensaje extorsivo llegó a su celular exigiéndole detener las investigaciones contra bandas criminales en Lima Este.
El detonante fue la solicitud de 18 meses de prisión preventiva que Haro Pinto logró contra siete miembros de la organización criminal “Los Chukys de Juan Pablo II”.
Este grupo es investigado por extorsión a empresarios y colegios en la zona a cambio de supuesta “protección”. El mensaje fue claro: “plata o plomo”, una amenaza directa contra su vida y la de su familia.
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Gobierno salió en defensa de la fiscal Margarita Haro
La gravedad del hecho provocó una rápida reacción del Estado. El fiscal de la Nación en funciones, el ministro del Interior y el comandante general de la Policía Nacional se presentaron en la sede fiscal de San Juan de Lurigancho. Allí, expresaron su “más profunda solidaridad” con la fiscal amenazada.
El ministro del Interior anunció que el Gobierno le brindaría seguridad personalizada las 24 horas del día.
“Nos han declarado la guerra, vamos por la guerra”, sentenció la autoridad, evocando la lucha contra el terrorismo. Por su parte, el alto mando policial dispuso la captura inmediata de los responsables de la intimidación.
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Advertencias que cayeron en saco roto
La respuesta es sí, esta situación se pudo evitar. El 21 de noviembre de 2024, el entonces coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, envió un informe urgente a la fiscal de la Nación de ese momento, Delia Espinoza. En el documento, detallaba el alarmante aumento de la criminalidad y la necesidad de fortalecer estas fiscalías.
El oficio nunca tuvo respuesta. Lo mismo ocurrió con la sucesora de Chávez Cotrina, Fany Quispe, quien tampoco atendió las advertencias durante la gestión Espinoza. Se advirtió a Quispe sobre las amenazas y la falta de fiscales para investigar a unas 40 bandas en San Juan de Lurigancho.
A estos informes se sumó el de Marjorie Silva, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este. Silva comunicó a Delia Espinoza y Fany Quispe que su distrito fiscal, el más grande del país, no tenía la “capacidad operativa para dar respuesta célere y eficiente” a la ciudadanía.
La respuesta de la coordinadora Quispe fue que no había presupuesto y sugirió convertir fiscalías comunes en especializadas. Esta idea fue rechazada por fiscales que argumentaron la necesidad de técnicas de investigación y personal especializado para enfrentar a la criminalidad organizada. Las promesas de esa gestión quedaron solo en palabras, mientras el problema crecía hasta desbordarse, dejando hoy a los fiscales como blanco directo de la extorsión.
