La familia de la joven piloto Ashley Vargas, reportada como desaparecida el pasado 20 de mayo durante un vuelo de instrucción en la ciudad de Ica, evalúa presentar una nueva denuncia penal contra la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
De acuerdo con el pariente y abogado de la alférez de 24 años, José Ocampo, la institución castrense sería acusada del delito de “homicidio simple” en medio de la investigación preliminar por “homicidio culposo” que inició la Fiscalía Provincial Corporativa de Pisco.
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La denuncia, explicó el letrado, se basaría en la falta de entrega de información técnica clave relacionada con la aeronave y sus sistemas de emergencia.
“La Fiscalía, en su momento, ha solicitado toda la información para transparentar la operación en la que falleció, porque prácticamente es un hecho que ha fallecido la alférez FAP. Nosotros hemos pedido, como un tema central, que transparenten los mantenimientos del avión, el tema de los asientos, a través del fabricante, quien da la certificación, (…) y, sobre todo, de los pirocartuchos”, declaró Ocampo en una entrevista con RPP.
Uno de los aspectos más delicados es el sistema de eyección. Según el abogado, si este mecanismo falló, la oficial no pudo abandonar la unidad ni activar el geolocalizador manual.
“Si tienen la certificación de Martin-Baker, que la exhiban (…) El tema de los asientos es crucial. Los pirocartuchos, que son lo que eyecta el avión, no se habrían activado. Al no producirse eso, Ashley no habría eyectado. Y solo Ashley podía activar su geolocalizador una vez que se encuentra en el mar o en la superficie terrestre, porque es un tema manual”, mencionó Ocampo, revelando también que la FAP intentó restringir la comunicación de los familiares de Vargas: “Lo que les preocupó fue callar al padre. Lo internaron en la villa y le dijeron que no tenía que dar declaraciones”.
Ocampo comentó que la Fiscalía de Pisco abrió una investigación preliminar por homicidio culposo, aunque comentó que se piensa considerar una calificación más grave, como “homicidio simple”, en el caso de la alférez FAP.
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“Si no demuestran que esos asientos estaban debidamente certificados y no se pudo accionar en su momento, será otra la categoría que deba tener esto, por dolo eventual”, manifestó.
“Dependiendo de la documentación que envíen y la evaluación que se haga a través de nuestros propios peritos, en su momento evaluaremos ampliar la denuncia por homicidio simple”, remarcó.
