El desarrollo de las elecciones 2026 ha generado una controversia jurídica debido a la falta de materiales y los retrasos en la apertura de mesas. La decisión de las autoridades de extender el horario de votación ha sido calificada como un acto extralegal por diversos especialistas en materia electoral.
Según el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, el plazo máximo para la instalación de las mesas de sufragio es el mediodía. No obstante, mediante comunicados, se dispuso ampliar este margen hasta las 2:00 p.m., lo que vulneraría el principio de preclusión que rige todo proceso electoral.
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Esta modificación de horarios, realizada fuera de los canales legislativos ordinarios, ha motivado que candidatos presidenciales como Rafael López Aliaga presenten denuncias penales. La acusación recae directamente sobre el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por presuntas irregularidades en la gestión de la jornada.
Elecciones 2026: el debate sobre la nulidad y el marco constitucional
A pesar de los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, la posibilidad de declarar una nulidad total de la elección presidencial enfrenta barreras técnicas. De acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, en estos comicios solo se contabilizan los votos válidos para determinar al ganador.
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Según Napoleón Cornejo, especialista en derecho electoral, para que se declare la nulidad de las elecciones a nivel nacional, los votos nulos y blancos deberían superar los dos tercios de los votos emitidos. Los analistas señalan que alcanzar dicha cifra es improbable en un sistema de votación nacional, a diferencia de lo que ocurre en elecciones legislativas.
Sin embargo, el marco legal peruano sí contempla la figura de las nulidades parciales. Estas se aplican de forma específica en cada mesa de sufragio si se comprueban causales de cohecho, soborno, intimidación o fraude, afectando la legitimidad de los resultados en sectores determinados del país.
