La Defensoría del Pueblo rechazó la inmovilización social obligatoria anunciada por el gobierno desde las 02:00 horas, hasta las 23:59 horas de este martes 05 de abril, y exhortó su cese inmediato.
A través de un pronunciamiento, la entidad sostuvo que “la medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.
En ese sentido, recordó que el Tribunal Constitucional “en reiterada jurisprudencia” ha señalado que los estados de emergencia deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad.
“Estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado, razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta ni se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social”, señala la Defensoría.
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