La Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha tomado medidas legales frente a la reciente controversia protagonizada por el creador de contenido Christopher Puente, conocido en el entorno digital como ‘Cristorata’. El Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación preliminar contra el influencer por la presunta comisión del delito de discriminación en agravio de la población indígena.
Esta decisión surge tras la difusión de fragmentos de una transmisión en vivo donde Puente emitió diversos comentarios de tinte racista, los cuales generaron un rechazo inmediato por parte de colectivos sociales y autoridades nacionales.
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Diligencias fiscales para ‘Cristorata’ y la respuesta del Ministerio Público
El fiscal a cargo del caso ha dispuesto una serie de acciones inmediatas para determinar la responsabilidad penal del investigado. Entre las diligencias programadas se encuentran:
- La visualización y transcripción completa del video de la transmisión.
- Una evaluación psicológica obligatoria para el investigado.
- La toma de declaración de Puente para que responda por sus expresiones.
Dichas medidas buscan esclarecer si las palabras vertidas en el espacio digital vulneran el marco legal de protección contra el racismo y la discriminación en el Perú.
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De la incredulidad al reconocimiento del error
Inicialmente, Puente mostró una actitud desafiante ante el comunicado emitido por el Ministerio de Cultura (Mincul). Durante un stream, el joven puso en duda la veracidad del documento oficial, sugiriendo incluso que podría tratarse de una creación con inteligencia artificial. No obstante, al verificar la autenticidad de la notificación, su postura cambió drásticamente.
Tras simular una llamada a su abogado en tono de mofa, el influencer finalmente adoptó un tono más serio para dirigirse a su audiencia. “Lancé un comentario racista en mi stream y, obviamente, no tiene justificación. Me consumió el show, las personas y el momento”, admitió.
A pesar de sus disculpas públicas, donde enfatizó que “no mató a nadie” pero reconoció que “la c*** muy fuerte”, el proceso legal seguirá su curso. El delito de discriminación en el país conlleva sanciones que podrían derivar en penas privativas de libertad o servicios a la comunidad.
