El cierre del año escolar 2025 en Perú activa las alertas por el manejo de fondos económicos en instituciones educativas. El Ministerio de Justicia (Minjus) advierte consecuencias penales severas para quienes se apropien de aportes grupales.
Muchos padres de familia y estudiantes confían la recaudación de dinero a un tesorero para financiar viajes y ceremonias. Sin embargo, el mal uso de estos recursos destinados a promociones escolares constituye un delito grave frente a la ley.
La defensora pública de víctimas, Sheila Saboya, explicó que estas acciones se tipifican bajo el delito de apropiación ilícita. Esta figura legal está contemplada estrictamente en el artículo 190 del Código Penal peruano vigente.
Marco legal y sanciones penales, según Ministerio de Justicia
La normativa establece que cualquier persona que reciba dinero con un fin específico y decida conservarlo incurre en un ilícito. Quien incurra en esta falta puede enfrentar una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Además de la posible cárcel, el responsable tiene la obligación jurídica de realizar la devolución del monto sustraído. La justicia peruana no exige la existencia de un contrato formal firmado ante notario para procesar estos casos de estafa escolar.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Eliminación del INPE no implica despidos del personal, sostuvo asesor del Ministerio de Justicia
La especialista remarcó que el simple encargo de una suma de dinero y su acreditación bastan para configurar el delito. Negarse a rendir cuentas o desaparecer con lo recaudado para la fiesta de promoción activa de inmediato la vía penal.
Protocolo de denuncia y prevención
Ante la sospecha de irregularidades, los afectados deben actuar de forma inmediata para proteger su patrimonio familiar. El primer paso consiste en reunir toda la evidencia posible como comprobantes de depósitos, mensajes de texto y actas.
Es fundamental solicitar formalmente una rendición de cuentas al encargado del dinero antes de proceder legalmente. Si el incumplimiento persiste, los padres deben presentar la denuncia penal ante la Policía Nacional o el Ministerio Público.
Para evitar estos escenarios de corrupción en colegios, el Minjus recomienda manejar cuentas bancarias mancomunadas en lugar de efectivo. Esta modalidad permite un control compartido y reduce significativamente el riesgo de retiros no autorizados por parte del tesorero.
Ministerio de Justicia: Asistencia legal para víctimas
La prevención incluye solicitar los antecedentes judiciales o policiales de la persona que asumirá el manejo de los fondos. Formalizar acuerdos mediante actas firmadas por todos los integrantes de la promoción escolar, brinda un respaldo jurídico adicional ante incidentes.
El Ministerio de Justicia mantiene operativos sus servicios de orientación legal gratuita para asesorar a quienes sufren estos robos. La ciudadanía puede acceder a estos servicios mediante la línea 1884 para consultas rápidas sobre procesos de denuncia.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Ministerio de Justicia planea liberar a presos por deuda de alimentos: medida responde al hacinamiento en penales
Actualmente, existen más de 402 sedes de la Defensa Pública a nivel nacional donde se brinda atención presencial. Las familias peruanas pueden ubicar la oficina más cercana ingresando al portal web oficial de la institución para recibir soporte especializado.
Fondos de promoción son recursos protegidos por ley
La autoridad subraya que la acreditación de la entrega del dinero es la clave para una sanción efectiva. Los fondos de promoción son recursos protegidos por la ley y su desvío afecta directamente el derecho de los estudiantes.
