Las autoridades investigan a una ciudadana por su presunta vinculación con la desaparición de ‘Walter’, un can de raza American Bully que había sido previamente rescatado de una situación de vulnerabilidad.
El caso ha tomado trascendencia pública luego de que diversos activistas y rescatistas independientes denunciaran el retiro no autorizado del animal desde el centro de resguardo donde recibía un tratamiento de readaptación conductual.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Nevado Huascarán: avalancha dejó rescatista fallecido y dos heridos durante búsqueda de montañistas desaparecidos
La acusada afronta cargos por presunto maltrato y abandono, bajo la sospecha de haber inducido un desenlace fatal para la mascota.
El can de raza American Bully permanecía bajo el cuidado de un albergue temporal tras haber sido rescatado en el mes de junio, periodo en el cual inició un proceso integral para mejorar su comportamiento.
De acuerdo con los testimonios de los encargados, la persona señalada como responsable de la desaparición había asumido el compromiso de velar por su protección; sin embargo, tras manifestar que había perdido la paciencia, retiró al animal del establecimiento sin contar con el consentimiento de los encargados directos.
Las declaraciones de los testigos señalan que, en un primer momento, la implicada argumentó de manera directa sus intenciones con el can al afirmar que “quería dormirlo”.
Retiro no autorizado del albergue y contradicciones en el caso
La mañana del 12 de junio se registró el retiro de ‘Walter’ de las instalaciones del centro de rehabilitación por parte de Lourdes Medalit Martínez Zapata, quien inicialmente ejercía labores de apoyo en el proceso de recuperación del can.
Carolina Pérez, una de las rescatistas fundadoras y responsables del cuidado del animal, denunció que Martínez Zapata acudió al recinto y se llevó a la mascota bajo un contexto de engaños, afirmando falsamente ante terceros que existía un acuerdo mutuo para proceder con el traslado definitivo.
Esta versión fue desmentida por los encargados, quienes iniciaron la búsqueda inmediata de la mascota.
Ante los cuestionamientos y la presión de los colectivos de protección animal, la ciudadana investigada cambió de manera radical su versión inicial de los hechos.
Lourdes Martínez pasó de sostener la necesidad de aplicar la eutanasia a declarar que el perro se había extraviado de forma accidental en la vía pública.
Esta evidente contradicción en sus declaraciones incrementó las sospechas de los activistas, quienes sospechan que el animal pudo haber sido sometido a un procedimiento de inducción a la muerte de forma clandestina o abandonado en un estado de total desprotección.
Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar y un grupo de manifestantes realizó un plantón frente al centro laboral de Martínez Zapata, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.
Durante la movilización, los participantes exigieron el esclarecimiento de los hechos y la entrega de información verídica sobre el paradero actual del can.
La aglomeración de personas fue dispersada de manera parcial por trabajadores del lugar, quienes intentaron evadir las preguntas de los medios de comunicación y de los activistas.
Modificaciones del Código Penal y sanciones por maltrato animal
El proceso legal contra Martínez Zapata cobra especial relevancia tras la aprobación de las nuevas disposiciones normativas por parte del Congreso, las cuales incrementan las penas de cárcel para las personas implicadas en actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.
Las modificaciones incorporadas al artículo 206-A del Código Penal establecen sanciones severas que oscilan entre los seis y los ocho años de pena privativa de la libertad para aquellos ciudadanos que causen la muerte de un animal mediante actos de crueldad o abandono deliberado.
Los congresistas Kira Alcarráz y Guido Bellido detallaron que la legislación actual tipifica de manera autónoma el delito de abandono en situaciones donde los animales son expuestos a una condición de vulnerabilidad extrema o desprotección total.
La norma prevé que, además de la pena de cárcel efectiva, los responsables económicos deberán afrontar multas significativas que alcanzan los 360 días multa, sumado a una inhabilitación definitiva para la tenencia o adopción futura de cualquier tipo de mascota en el territorio nacional.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Nevado Huascarán: rescatista revela que fallecido en avalancha era trabajador de agencia de turismo
Por su parte, los representantes de la mancomunidad de rescatistas han solicitado la intervención inmediata de la Fiscalía especializada para acelerar los actos de investigación preliminar.
Los colectivos recalcan que, independientemente de si el can fue sometido a una eutanasia no justificada o abandonado a su suerte en las calles, Martínez Zapata incurrió en una flagrante violación de las leyes de protección animal al disponer de la vida del ejemplar sin la debida autorización de las instituciones competentes.
