El excandidato presidencial Roberto Sánchez no se presentó en el plantón que sus simpatizantes mantienen frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La manifestación, que buscaba impedir la entrega de credenciales a la mandataria electa Keiko Fujimori, evidenció una clara ausencia de sus principales líderes políticos de Juntos por el Perú (JP).
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A pesar de las convocatorias previas, los manifestantes apostados en los alrededores del organismo electoral aseguraron que el exaspirante de JP nunca acudió al lugar de las protestas.
La situación generó malestar entre las bases y los ronderos que permanecen instalados en la zona. En el campamento, los encargados de la organización descartaron de manera tajante cualquier intención de ejecutar actos de violencia o la toma de las instalaciones públicas. Los coordinadores afirmaron que su presencia responde a una movilización ciudadana y no a acciones radicales.
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Roberto Sánchez se va quedando solo
La postura de Sánchez tampoco encontró eco unánime entre sus aliados políticos más cercanos en el Parlamento. El electo senador de Juntos por el Perú, Saúl Armacanqui, marcó distancia explícita con la narrativa del supuesto fraude electoral y decidió no participar en las convocatorias de protesta.
“Nadie va a impedir nada. Nadie a hablado que hubo fraude”, indicó Armacanqui a ‘ContraCorriente’, dejando en claro que no seguirán apoyando la idea del excandidato presidencial.
Por su parte, el excandidato presidencial Alfonso López Chau evitó emitir declaraciones definitivas sobre el reconocimiento de los resultados oficiales del proceso electoral. Mientras tanto, la bancada de izquierda experimenta pugnas internas respecto a la definición de sus vocerías oficiales.
Malestar entre los vecinos
El desarrollo del plantón prolongado por más de dos semanas ha generado el rechazo de los residentes del distrito de Jesús María. Los ciudadanos que habitan en los alrededores de los parques ocupados denunciaron la acumulación de desperdicios y la alteración del orden público.
Los vecinos solicitaron formalmente el retiro de las estructuras del campamento para recuperar el libre tránsito y el uso recreativo de las áreas verdes. Asimismo, expresaron su incomodidad por los ruidos molestos generados durante altas horas de la noche en zonas residenciales.
En el ámbito judicial, especialistas advierten que la Fiscalía de la Nación podría iniciar acciones legales y actuar de oficio ante los llamados públicos a la movilización. Se evalúa si las arengas e instrucciones previas configuran el presunto delito de incitación a la violencia contra las instituciones y las fuerzas del orden.





