El Ministerio Público dictó una medida cautelar excepcional contra el fiscal Germán Juárez Atoche, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato.
La Autoridad Nacional de Control (ANC) ordenó su apartamiento preventivo del cargo por un periodo de seis meses. Durante este tiempo de procedimiento disciplinario, el magistrado percibirá únicamente el 80% de su salario. Además, tiene prohibido el ingreso a su antiguo centro de trabajo para asegurar el desarrollo de las indagaciones.
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La resolución de la ANC sostiene que la permanencia de Juárez Atoche en la fiscalía de lavado de activos podría menoscabar la imagen institucional. Existen elementos de prueba documentales que justifican esta decisión de emergencia.
¿De qué se le acusa?
Los hechos bajo investigación ocurrieron entre el 5 y el 15 de junio de 2026. Juárez Atoche, como coordinador, solicitó a una fiscal subordinada una carpeta reservada.
El expediente correspondía al proceso de colaboración eficaz del empresario investigado Gustavo Salazar Delgado. Según testimonios, un tercero habría solicitado un millón de dólares en nombre del fiscal para aprobar dicho acuerdo.
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Por esta razón, la fiscalía superior de delitos cometidos por funcionarios públicos le abrió una indagación de oficio por presunto cohecho pasivo impropio. El retiro irregular del cuaderno físico de evidencias generó un riesgo grave para la reserva institucional.
La hipótesis principal de la ANC apunta a un empleo desmedido de las prerrogativas de su alta posición jerárquica. La sustracción temporal afectó directamente la confianza pública en la administración de justicia.
Modificación de pruebas
El escenario del fiscal suspendido se complicó tras la devolución de los documentos físicos a su respectivo despacho. La fiscal a cargo del expediente detectó alteraciones físicas que no figuraban en el archivo digital original.
El documento devuelto ostentaba una firma y un sello nuevos pertenecientes a un implicado en el caso. Para las autoridades de control, esto constituye una sospecha grave de adulteración material evidente.
Actualmente, Juárez Atoche afronta tres investigaciones simultáneas para determinar su responsabilidad legal y administrativa. Dos de estos procesos corren por la vía penal en la fiscalía suprema y fiscalías superiores.
El fiscal especializado Sandro Urquizo confirmó que el caso podría culminar en una sanción de destitución. Si bien la ANC formula la recomendación, la decisión final corresponderá a la Junta Nacional de Justicia.
