La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado oficial para esclarecer las circunstancias de la muerte de un adolescente de 17 años, quien permanecía detenido en la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac.
El trágico hecho ocurrió la noche del pasado 14 de junio, cuando el menor fue hallado suspendido dentro de la dependencia policial. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro de salud cercano, los médicos solo pudieron certificar su deceso, lo que ha encendido las alarmas sobre los protocolos de custodia.
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Necropsia confirma asfixia mecánica en la comisaría de Manchay
En su pronunciamiento oficial, la institución policial detalló los primeros resultados de las evaluaciones forenses. El certificado de necropsia, emitido por el Instituto de Medicina Legal, consigna como causa del fallecimiento una asfixia mecánica por ahorcamiento, señalando explícitamente como agente causante a un “elemento constrictor cervical”. Este hallazgo técnico es clave para el desarrollo de las pesquisas que buscan determinar cómo ocurrieron los hechos dentro del calabozo.
Fiscalía inicia investigación por presunto homicidio
Ante la gravedad de lo sucedido, el Ministerio Público actuó de oficio y dispuso de inmediato la apertura de una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio. Esta medida busca garantizar que se recopilen todas las evidencias materiales y testimoniales necesarias para esclarecer las condiciones exactas en las que se produjo el deceso del adolescente mientras se encontraba bajo la estricta responsabilidad del Estado.
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Familiares denuncian maltratos bajo custodia policial
Por su parte, los familiares de la víctima han rechazado las versiones preliminares y denunciaron públicamente que el menor habría sido víctima de presuntos maltratos físicos durante el tiempo que permaneció detenido en la mencionada sede policial.
Ante estas graves acusaciones, la PNP informó que un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la Inspectoría General ya intervino la comisaría para iniciar las diligencias penales y administrativas correspondientes. La familia exige un proceso transparente, imparcial e independiente.
