El panorama judicial peruano afronta una nueva controversia tras la difusión de las conclusiones de la comisión investigadora del Parlamento. El documento expone una supuesta trama de favorecimiento hacia Odebrecht, donde habrían participado magistrados y procuradores.
Según las indagaciones, diversas acciones y omisiones permitieron que la compañía evitara el desembolso de importantes sumas de dinero.
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El reporte detalla que el perjuicio económico supera los setecientos millones de soles, afectando directamente los fondos estatales.
El caso señala de manera particular a los exprocuradores ad hoc Jorge Ramírez Ramírez y Silvana Carrión Ordinola.
La comisión legislativa, liderada por el parlamentario Alejandro Muñante, sostiene que ambos incurrieron en presunta omisión de actos funcionales.
Las facilidades en la reparación civil
El cuestionamiento principal radica en la flexibilización para el pago de la reparación civil a favor de la empresa.
Las autoridades permitieron que el monto de seiscientos diez millones de soles fuera fraccionado en quince cuotas anuales.
De acuerdo con especialistas, esta medida carecía de un sustento legal claro que justificara dicho beneficio económico.
La decisión otorgó liquidez financiera a la constructora en detrimento de los intereses patrimoniales de la nación.
A esto se suma la devolución de quinientos veinticuatro millones de soles derivados de la venta de la central hidroeléctrica Chaglla.
El informe parlamentario advierte que esta transacción vulneró la legislación vigente sobre la intangibilidad de dichos recursos económicos.
Implicaciones de magistrados
La investigación legislativa extiende las responsabilidades hacia el Poder Judicial y apunta a los magistrados encargados de validar los pactos.
Se cuestiona de forma directa la labor de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho.
A la magistrada se le atribuye el presunto delito de prevaricato por homologar el acuerdo final con la empresa.
La comisión concluye que se validaron cláusulas perjudiciales, como la denominada disposición de progresividad en las declaraciones.
Dicha cláusula facultaba a la corporación brasileña a suministrar información de manera dosificada o por etapas.
Esto habría concedido una suerte de inmunidad anticipada sobre hechos delictivos que todavía no habían sido revelados completamente.
Altos mandos del Ministerio Público bajo la lupa
El documento del Congreso también individualiza responsabilidades penales en la cúpula de la Fiscalía de la Nación.
Los ex titulares del Ministerio Público, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, figuran entre los principales investigados.
Sánchez afronta indagaciones por presunto cohecho pasivo específico ante supuestas coordinaciones con sectores de la prensa local.
Por su parte, Ávalos es señalada por presunto abuso de autoridad y encubrimiento real en sus funciones.
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El reporte concluye que se emitieron resoluciones para modificar competencias del equipo especial del caso Lava Jato.
Estas acciones habrían facilitado el archivo de denuncias de la entidad tributaria contra los directivos extranjeros.
