Miembros de la prensa nacional fueron agredidos física y verbalmente por el equipo de seguridad y simpatizantes del candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, durante una cobertura electoral reciente en las calles de la capital.
El incidente, registrado en video por los propios afectados, expone una preocupante escalada de hostigamiento contra los reporteros, quienes intentaban formular preguntas al político cuando fueron cercados con empujones, insultos e incluso gestos obscenos por parte del entorno del candidato.
El modus operandi de la intimidación de Juntos por el Perú
Las imágenes captadas muestran a una mujer provista de un megáfono liderando los ataques verbales y lanzando improperios contra los comunicadores, acusándolos de estar “pagados por la mafia”. Lejos de amedrentarse al notar que estaba siendo grabada, la implicada desafió abiertamente a los periodistas realizando gestos vulgares y jactándose de poseer múltiples denuncias previas en su contra. “Ocho denuncias me han hecho, me la paso por el…”, expresó.
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Según las investigaciones preliminares, esta misma persona ha sido identificada en reiteradas oportunidades custodiando a Sánchez Palomino, como ocurrió durante las visitas del candidato al penal de Barbadillo.
Violencia física bajo sospecha de suplantación
El altercado no se limitó a los gritos. En los fragmentos audiovisuales se escuchan reclamos legítimos de los reporteros exigiendo respeto al grito de “¡no te metas!” y “¡sácame la mano!”, mientras el tumulto de seguridad empujaba los equipos de grabación.
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Un elemento que ha encendido las alarmas en los gremios periodísticos es la vestimenta de estos agresores; el grupo de choque de Juntos por el Perú utiliza indumentaria sumamente similar a la de los miembros de la Seguridad del Estado, lo que podría tipificarse como una táctica deliberada para confundir a la opinión pública y camuflar sus acciones violentas bajo un falso manto de autoridad oficial.
La libertad de expresión bajo amenaza electoral
Este lamentable episodio abre nuevamente el debate sobre las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo en el marco de la contienda electoral de 2026. Si bien la política partidaria suele encender pasiones, la normalización de la violencia contra los reporteros debilita los pilares democráticos del país.
