El Congreso oficializó una medida administrativa que otorga estabilidad laboral indefinida a un grupo específico de trabajadores.
A través del Acuerdo 101 de la actual legislatura, se aprobó el cambio de modalidad contractual para 11 servidores públicos.
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La decisión fue suscrita el 29 de diciembre de 2025 bajo la conducción del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.
Esta disposición legal determina la variación de contratos de plazo fijo a la condición de plazo indeterminado.
Los beneficiarios directos quedan incorporados permanentemente al régimen laboral del Decreto Legislativo Número 728.
Dicho marco normativo garantiza el pago de gratificaciones, vacaciones y CTS sin fecha de caducidad.
Requisitos de permanencia y disponibilidad de recursos públicos
El dispositivo aprobado establece pautas específicas que flexibilizan las exigencias ordinarias de incorporación estatal.
La norma estipula como único requerimiento el acreditar más de 10 años de servicios de forma discontinua en la institución.
Esto permite considerar periodos acumulados bajo distintas modalidades contractuales y sin necesidad de un concurso de meritocracia.
La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización avaló el procedimiento mediante el Memorando 2330-2025-OPPM-OM-CR.
El documento técnico emitido por dicha área concluyó que existe la suficiencia financiera para asumir la carga de los trabajadores.
Posiciones en el Congreso
Diversos legisladores manifestaron posturas encontradas respecto al manejo de los recursos públicos destinados a las planillas.
El parlamentario Eduardo Salhuana indicó no contar con información detallada sobre esta medida administrativa particular en el Congreso.
Por su parte, Kelly Portalatino señaló que este tipo de ampliaciones presupuestales requiere de un sustento técnico legal específico.
Arturo Alegría defendió la legalidad del acuerdo argumentando el respaldo previo de los estamentos administrativos internos.
En otra línea, Isabel Cortez minimizó las observaciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil respecto al ordenamiento del sector.
El gasto total en planillas de la entidad registró un incremento del 114 por ciento en un periodo de cuatro años.
Impacto financiero en la estructura bicameral
Especialistas en derecho parlamentario advirtieron sobre las consecuencias presupuestarias que implica esta contratación indefinida.
El exoficial mayor César Delgado Guembes precisó que la medida genera una carga rígida para las futuras cámaras legislativas.
Al consolidarse como derechos adquiridos, revertir administrativamente estos nombramientos resulta complejo en el fuero judicial.
La herencia económica proyectada para el mantenimiento institucional compromete un presupuesto anual de casi 1,700 millones de soles.
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El desembolso corriente programado reduce de forma directa la disponibilidad de dinero fiscal para obras de inversión pública.
La próxima gestión del Congreso bicameral recibirá una estructura de personal con estabilidad jurídica inamovible.
