Poder Judicial reprograma audiencia de Roberto Sánchez por supuestos desvíos de fondos

La Fiscalía pide para el candidato presidencial de Juntos por el Perú cinco años y cuatro meses de prisión.

mayo 27, 2026 –
13:56.
Actualizado en mayo 27, 2026 –
13:56.
Fiscalía formaliza pedido de más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por falsear aportes.
Fiscalía formaliza pedido de más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por falsear aportes.

El Poder Judicial (PJ) reprogramó la audiencia de control de acusación que se le sigue al candidato presidencial, Roberto Sánchez, por presuntos desvíos de fondos de Juntos por el Perú.

La nueva fecha para la cita judicial fue establecida para el próximo jueves 4 de junio a partir de las 3:00 p. m., tres días antes de la segunda vuelta.

El juez Juan Mercado Cahuana estuvo a cargo de la decisión, argumentando que la reprogramación es en consecuencia de la excesiva carga procesal.

En la audiencia suspendida de este miércoles estuvo presente el aspirante a la presidencia, Roberto Sánchez.

Poder Judicial sobre hermano de Roberto Sánchez  

Durante la cita judicial, el magistrado precisó que el hermano del candidato, Ricardo Sánchez, si bien está inmerso en el proceso, no tiene cargos pendientes en el expediente.

Asimismo, la Fiscalía detalló que Roberto Sánchez es acusado por el delito de fraude en administración de personas jurídica.

Imputación que fue rechazada por la defensa del también congresista, Carlos García, cuestionando que esta delación fue archivada.

Sin embargo, el fiscal subrayó que, aunque fue archivada, el líder de Juntos por el Perú mantiene un proceso en el que se lo señala por los delitos de falsa declaración y falseamiento de información sobre aportaciones.

Acusación de Fiscalía

Como se recuerda, el Ministerio Público sostiene que el candidato presidencial desvío hasta S/280 mil de fondos de su partido a cuentas personales de él y su hermano Ricardo.

La hipótesis fiscal es que los ingresos de dinero a Juntos por el Perú no fueron reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para desviarlos.

Por este caso, las autoridades solicitaron al Poder Judicial cinco años y cuatro meses de prisión contra quien el 7 de junio podría convertirse en el próximo presidente del Perú.

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