El exministro de Defensa y abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, volvió a tomar relevancia en el escenario público tras presentar una denuncia contra ‘Beto a Saber’.
La acusación se sustenta en una supuesta infracción del artículo 154 del Código Penal, argumentando la difusión no autorizada de información sobre la salud y la historia clínica del exmandatario recluido en el penal de Barbadillo.
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Según las declaraciones del propio jurista, él asume este rol legal desde los primeros días de la detención de su cliente, presentándose como uno de los defensores que ha permanecido a su lado en los momentos más complejos de su proceso judicial.
Trayectoria institucional de Walter Ayala
Antes de asumir carteras ministeriales o la defensa de altos perfiles políticos, la carrera de Walter Ayala se inició dentro de las filas de la Policía Nacional del Perú, institución de la cual fue dado de baja a temprana edad.
Posteriormente, tras culminar sus estudios de Derecho y titularse como abogado, retornó a la misma entidad policial para desempeñarse en el cargo de asesor legal.
Su experiencia continuó en el ámbito del Poder Judicial, donde ejerció funciones como asistente, relator y, más adelante, como juez especializado.
Luego de su paso por la magistratura judicial, se integró al Colegio de Abogados de Lima (CAL).
En dicho gremio, asumió la presidencia del Comité de Ética, un puesto que le otorgó una alta visibilidad pública al tomar la decisión de suspender la colegiatura del entonces Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
De acuerdo con analistas y especialistas penales consultados en el reporte, el letrado ha recurrido históricamente a diversas herramientas jurídicas en contextos de repercusión política, incluyendo la presentación de una acción de amparo vinculada a las elecciones de los representantes ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Denuncias por ascensos irregulares
El momento de mayor exposición política para Walter Ayala ocurrió durante el año 2021, cuando el partido Perú Libre lo convocó para formar parte de su equipo legal y, tras los comicios, fue designado como ministro de Estado en el despacho de Defensa.
Sin embargo, su permanencia en el gabinete se vio truncada a los pocos meses debido a la denuncia pública efectuada por el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez.
El alto mando militar acusó presiones directas provenientes del ministro y de entornos de Palacio de Gobierno para forzar el ascenso de determinados miembros de la institución militar.
Esta situación derivó en una investigación por presuntos pagos de hasta 40 000 dólares para concretar dichos ascensos, lo que motivó su renuncia al cargo ante la inminencia de una moción de censura en el Congreso.
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Con la posterior caída del régimen castillista, el Parlamento formalizó una denuncia constitucional en su contra y el Ministerio Público procedió con el allanamiento de su vivienda particular.
Aunque transcurrió más de tres años desde el inicio de las indagaciones fiscales correspondientes, este proceso de investigación se encuentra actualmente paralizado.
