Empresa que contrató ONPE para auditar elecciones no tiene oficinas físicas y en Chile funciona un spa

"Una estafa redonda", afirmó el periodista Beto Ortiz.

mayo 14, 2026 –
21:30.
Actualizado en mayo 14, 2026 –
22:12.
Cuestionamientos a empresa que contrató ONPE
Cuestionamientos a empresa que contrató ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) bajo la polémica tras revelarse que la empresa M&T International, encargada de auditar las elecciones 2026, carece de infraestructura propia.

Según el informe de ‘Beto a Saber‘, la compañía opera bajo una modalidad virtual en un espacio de coworking en Lima, sin personal presencial detectado en sus registros oficiales.

Lo más escandaloso surge en Chile, donde la dirección registrada corresponde a un salón de belleza denominado Amenesco SPA, rotulado con un letrero improvisado pegado con cinta adhesiva.

Cuestionamientos a la legitimidad del proceso

Esa es la dirección de la empresa de auditoría internacional que Piero Corvetto contrató para auditar las elecciones generales“, denunció el periodista Beto Ortiz.

El contrato, que superó los 944 mil soles, ha sido calificado como una “estafa redonda”, dado que la entidad auditora solo cuenta con dos trabajadores registrados para fiscalizar a millones de votantes.

Expertos en derecho digital, como Erick Iriarte, cuestionan por qué la ONPE no buscó instituciones académicas o entidades de mayor prestigio para una labor tan crítica para la democracia peruana.

Hallazgos sobre empresa auditora

A pesar de que el representante de la empresa, Eric Morán Añasco, afirmó que los problemas críticos fueron corregidos, su paradero es desconocido y no reside en su domicilio fiscal desde hace tres años.

Por otro lado, una auditoría paralela encargada a la firma internacional Secretariat identificó una serie de inconsistencias que contrastan con el informe oficial presentado por la cuestionada contratista de la ONPE.

Mientras las autoridades electorales defienden la transparencia del proceso, los hallazgos investigativos sugieren que la fiscalización de los comicios estuvo en manos de una entidad “fantasma” sin capacidad operativa real.

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