El proceso de modernización de la flota de aviones caza de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha desatado una crisis política sin precedentes. El presidente interino, José María Balcázar, ha puesto en duda la transparencia de la adquisición de 24 aeronaves F-16 Block 70.
A pesar de haber rubricado el Decreto Supremo en marzo, Balcázar afirmó recientemente ante la prensa que firmó “sin saber” lo que hacía. El mandatario sugirió que la operación se realizó “a dedo”, excluyendo presuntamente al Ministerio de Economía y Finanzas de la toma de decisiones.
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Contradicciones en Palacio de Gobierno de José María Balcázar
Sin embargo, su predecesor José Jerí descartó irregularidades, señalando que el proceso fue regular y normado bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Jerí enfatizó que la elección del modelo F-16 fue una decisión técnica exclusiva de la FAP tras años de evaluación.
Por su parte, el analista Ernesto Álvarez advirtió que la firma presidencial es la prueba irrefutable de la autorización oficial. Alegar desconocimiento sobre una operación de tal magnitud compromete seriamente la fiabilidad internacional y la palabra del Estado peruano.
Implicancias geopolíticas y económicas
La adquisición de estos aviones de tecnología avanzada posiciona al Perú en un eje estratégico con Estados Unidos en el Pacífico. Esta alianza se fortalece frente a la creciente presencia de capitales de China en proyectos como el Megapuerto de Chancay.
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La negociación logró reducir el precio original de cinco mil millones a 3,500 millones de dólares por el lote completo. De hecho, el Gobierno ya transfirió los primeros 462 millones de dólares a finales de abril para iniciar el ensamblaje.
Expertos sugieren que una ruptura unilateral del contrato generaría consecuencias catastróficas y la pérdida de la inversión ya ejecutada. Además, señalan una posible influencia de Vladimir Cerrón en el reciente cambio de postura del presidente Balcázar.
