El distrito de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica, se ha convertido en el escenario de una controversia tras un operativo militar que resultó en la muerte de cinco jóvenes y dejó a otros dos gravemente heridos.
Ante los hechos, surgió la otra versión de los acontecimientos, presentada por los familiares de las víctimas y su defensa legal, quienes cuestionan la narrativa oficial del enfrentamiento.
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Según Anthony Crespo, abogado de las víctimas, los involucrados eran personas dedicadas a la agricultura y al deporte que regresaban de un campeonato de fútbol cuando fueron interceptados.
Irregularidades señaladas en la intervención militar
De acuerdo con el testimonio de la defensa, en la camioneta viajaban ocho personas con destino a Colcabamba.
Crespo sostiene que los jóvenes no recibieron señales de advertencia ni una orden de alto por parte de la patrulla del Ejército.
Según esta declaración, el ataque se produjo de manera inmediata y sin mediar palabra.
Los familiares denunciaron que los efectivos vestían ropas de civil y calzado no reglamentario, lo que dificultó su identificación como miembros de las fuerzas del orden en el momento del suceso.
Asimismo, los documentos policiales y fiscales citados por la defensa indican que, al momento del registro del vehículo, no se hallaron armas de fuego ni sustancias ilícitas.
Crespo recalca que el acta de intervención y de hallazgo corrobora la ausencia de elementos criminalísticos en la unidad móvil, contradiciendo las sospechas iniciales que motivaron el despliegue en esta zona del Vraem.
La otra versión enfatiza que las víctimas eran trabajadores del campo sin antecedentes penales registrados en sus documentos de identidad.
La otra versión
Un punto crítico en la investigación es el testimonio de Ricardo Acuña, uno de los sobrevivientes.
Aunque inicialmente se difundió material donde admitió presuntas actividades ilícitas, su abogado afirmó que dicha declaración fue obtenida bajo coacción y amenazas de muerte por parte de los miembros del operativo.
Según la defensa, el sobreviviente rechazó posteriormente esas afirmaciones en sus declaraciones oficiales ante la Fiscalía, asegurando que fue obligado a firmar documentos bajo presión psicológica tras presenciar lo que calificó como una ejecución.
Por su parte, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, señaló que uno de los involucrados, de nacionalidad colombiana, habría ingresado al país de forma irregular y contaría con antecedentes internacionales.
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No obstante, la defensa presentó certificados migratorios y de antecedentes que indicarían una situación legal regular en el país.
La otra versión de los hechos continúa en disputa mientras las investigaciones judiciales avanzan para determinar las responsabilidades penales de los efectivos involucrados en este operativo en Huancavelica.
