Este martes 21 de abril, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) comunicó de manera oficial la salida de Piero Alessandro Corvetto Salinas de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El exfuncionario presentó su carta de renuncia irrevocable ante la institución, la cual fue puesta en conocimiento de los miembros del organismo autónomo de manera inmediata para el trámite correspondiente.
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Ante la recepción del documento, la presidencia de la JNJ procedió con la convocatoria a un pleno extraordinario.
Esta sesión tuvo como objetivo principal evaluar la situación y adoptar las decisiones institucionales necesarias, siempre bajo el marco de las competencias constitucionales y legales que rigen al organismo.
La decisión sobre el futuro de la jefatura de la ONPE se tomó tras una sesión de análisis técnico por parte de los integrantes del pleno.
Junta Nacional de Justicia acepta por unanimidad
Tras el proceso de deliberación respectivo, los miembros del pleno acordaron aceptar por unanimidad la renuncia de Piero Corvetto al cargo de jefe de la ONPE, con efectividad a partir de la fecha de su presentación.
Como parte del protocolo administrativo y legal, se dispuso comunicar este acuerdo formalmente a instituciones clave del sistema electoral peruano, tales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), además de la propia ONPE.
La salida de Corvetto Salinas se produce en un contexto donde el organismo autónomo busca garantizar la continuidad operativa y la legitimidad de los procesos en curso.
La notificación a los entes electorales permite iniciar los mecanismos previstos por ley para la designación de un sucesor o encargado, asegurando que las funciones de la oficina nacional no se vean interrumpidas tras esta decisión del pleno.
Continuidad de las investigaciones preliminares
A pesar de la aceptación de su renuncia, la Junta Nacional de Justicia precisó que continuará con la investigación preliminar seguida al exfuncionario.
Este proceso se centra en los hechos de público conocimiento ocurridos durante la jornada electoral del pasado 12 de abril de 2026.
La institución subrayó que estas acciones se realizan conforme a las atribuciones que la Constitución Política le otorga para supervisar la conducta de los jefes de los organismos electorales.
La Junta Nacional de Justicia reafirmó que todas sus actuaciones se desarrollarán bajo un estricto respeto al debido proceso y en cumplimiento del mandato constitucional.
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El objetivo de estas medidas es garantizar la transparencia y la legalidad, así como fortalecer la defensa del sistema democrático en el país.
El proceso indagatorio seguirá su curso regular para esclarecer las responsabilidades administrativas que correspondan tras los incidentes reportados en los últimos comicios.
