El partido País para Todos, que impulsa la candidatura de Carlos Álvarez, cerró su campaña electoral con figuras controversiales en su plancha. Mientras la candidata a la vicepresidencia, María Cristina Chambizea, aboga por una nueva Constitución y el retorno de Lilia Paredes, el dueño de la organización, Vladimir Meza Villarreal, permanece bajo el escrutinio público por su pasado político.
Meza Villarreal no es un actor nuevo en la escena electoral peruana. Su trayectoria inició en Perú Posible, donde fue secretario de juventudes hasta su expulsión tras criticar a Alejandro Toledo. Posteriormente, alcanzó la alcaldía de Huaraz con un movimiento regional, periodo en el que se le vinculó con César Álvarez, exgobernador de Áncash conocido como “la bestia”.
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Durante las elecciones de 2021, diversos testigos situaron a Meza en la casa de Sarratea manteniendo reuniones con Pedro Castillo. Registros oficiales de transparencia confirman que el 4 de agosto de 2021 ingresó a Palacio de Gobierno junto a Zamir Villaverde y Silvia Barreda, un encuentro que marca su cercanía con el entorno más íntimo del expresidente.
Vladimir Meza podría recibir acusación penal desde el Ministerio Público
El testimonio de Zamir Villaverde y la colaboración eficaz de Salatiel Marrufo han puesto el foco en la presunta planificación de acciones para beneficiar a Perú Libre. Según Marrufo, figuras del entorno de Castillo solicitaron a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como Salas Arenas, anular la ampliación de plazos para impugnaciones que inicialmente favorecía a Fuerza Popular.
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En junio de 2021, el pleno del JNE ordenó de forma inédita ampliar el periodo de impugnaciones del 6 al 11 de junio, excediendo el plazo legal del 9 de junio. Sin embargo, en menos de 24 horas, el organismo retrocedió en su decisión. Esta maniobra habría sido orquestada para asegurar la desestimación de las apelaciones presentadas por el partido de Keiko Fujimori.
Actualmente, el Ministerio Público se encuentra en la etapa final de las diligencias para corroborar las declaraciones de Marrufo. Se espera que, tras tres años de investigaciones sobre el gobierno de Pedro Castillo, la fiscalía formule una acusación penal ante el Poder Judicial, lo que podría comprometer seriamente el futuro político de los involucrados.
