El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha puesto punto final a la controversia financiera que rodea a la organización política Fuerza Popular. A través de la Resolución N° 0529-2026-JNE, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el máximo organismo electoral confirmó la sanción impuesta al partido liderado por Keiko Fujimori por el uso indebido del financiamiento público directo.
La resolución declara infundado el recurso de apelación presentado por Martha Chávez Cossio, representante legal de la agrupación, ratificando así lo dispuesto inicialmente por la ONPE en noviembre de 2025. La sanción económica es contundente: una multa de 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 181,500 soles, además de la pérdida del 10% del financiamiento público correspondiente a su asignación semestral.
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Infracción muy grave de Fuerza Popular: canastas navideñas y servicios de entretenimiento
El núcleo de la sanción reside en que Fuerza Popular destinó fondos estatales a fines que no guardan relación con el fortalecimiento institucional o la formación política. Según el documento, la ONPE calificó la infracción como “muy grave” tras detectar que el dinero se utilizó para la adquisición de vales de pavo y canastas navideñas, artículos que no califican como gastos de funcionamiento ordinario.
Pero las irregularidades no terminaron ahí. La auditoría también reveló gastos en:
- Polos y bolsas ecológicas.
- Tomatodos y trofeos.
- Alquiler de una máquina 360° (plataforma giratoria).
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El JNE subrayó que estos desembolsos no están comprendidos dentro de las actividades de formación, capacitación, investigación o difusión que exige la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094). En esencia, la ley busca que el dinero de los contribuyentes eleve la calidad democrática de los partidos, no que financie eventos sociales o utilería promocional ajena a la educación política.
Con esta ratificación, el JNE sienta un precedente importante sobre la fiscalización rigurosa de los recursos públicos. La notificación de este fallo se realizará bajo el nuevo reglamento de actuaciones jurisdiccionales, cerrando así la vía administrativa para el partido, que ahora deberá asumir el impacto financiero en su presupuesto anual de cara a los próximos procesos electorales.
