El estratega electoral de origen andorrano, Jordi Segarra, se encuentra en el centro de la polémica tras confirmarse su participación activa en la campaña presidencial de Ahora Nación.
A pesar de su labor como asesor principal del candidato Alfonso López Chau, el especialista ingresó al país bajo la modalidad de visitante.
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“(Está trabajndo con visa de turista) Claro, mira un poco la ley, te denuncio con la embajada”, contestó enojado al ser consultado.
Expertas en temas migratorios, como Roxana del Águila y Julissa Vásquez, advierten que ningún extranjero tiene permitido realizar actividades laborales remuneradas con una visa de turista.
Esta situación contraviene las normativas vigentes, ya que la calidad migratoria de Jordi Segarra no lo habilita para ejercer funciones de consultoría electoral en territorio peruano.
La presencia del asesor fue registrada recientemente en el aeropuerto Jorge Chávez, momentos antes de partir hacia Ayacucho para realizar actividades proselitistas junto al líder de su partido.
En dicho lugar, se evidenció su rol directo al brindar instrucciones al oído del candidato presidencial durante el despliegue de su agenda política.
Contratos bajo sospecha de Jordi Segarra
El propio Jordi Segarra confirmó en una entrevista internacional que trabaja directamente para la campaña de Alfonso López Chau.
Según su versión, su empresa estadounidense Blackstring suscribió un contrato con Ahora Nación.
El servicio por asesorías durante la primera vuelta fue por un monto de 175 mil dólares.
No obstante, esta cifra genera interrogantes debido a que el especialista suele cobrar honorarios que superan el millón de dólares por campaña presidencial.
Juan Sheput, de País para Todos, reveló que Segarra ofreció sus servicios a Carlos Álvarez por montos entre 900 mil y un millón de dólares.
El incumplimiento de las leyes migratorias podría acarrear consecuencias severas para el consultor.
Esto incluye una orden de expulsión y un impedimento de reingreso al país por un periodo de hasta 15 años.
Las especialistas señalan que, para este tipo de servicios internacionales, el asesor debió tramitar una visa de trabajador designado.
Riesgos para la inscripción de Ahora Nación
La situación legal del estratega no solo lo afecta a él, sino que pone en riesgo la permanencia de la organización política en la contienda.
De comprobarse que el contrato es irregular o que no ha sido debidamente reportado ante la ONPE, el partido podría enfrentar sanciones administrativas drásticas.
La máxima sanción contemplada por la normativa electoral para este tipo de omisiones informativas es el retiro de la organización de las elecciones generales.
Adicionalmente, Sunafil podría intervenir y sancionar al partido de los “cascos blancos” por la contratación indebida de personal extranjero sin la calidad migratoria habilitante.
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Hasta el momento, la agrupación política no ha esclarecido cómo se financiarán los honorarios del consultor andorrano.
Mientras López Chau afirma públicamente no contar con recursos económicos significativos, la factura del estratega internacional sigue siendo una incógnita sin respuesta oficial por parte del partido.
