El asesinato de Luis Chávez Vázquez, ocurrido el pasado 8 de diciembre de 2025 en el mercado La Hermelinda, ha tomado un giro dramático y peligroso. Lo que debía ser un proceso de justicia tras la captura del presunto responsable, se ha convertido en una pesadilla de persecución para su viuda, quien hoy denuncia ser blanco de constantes amenazas de muerte.
La mujer relató con angustia que las intimidaciones comenzaron inmediatamente después de que ella cuestionara públicamente la liberación de Emmanuel Alejandro Núñez Gómez, el ciudadano extranjero señalado como el autor material del disparo que terminó con la vida del empresario pizzero.
“Me han llamado en la madrugada… tengo miedo por mi hija, por mí y por mi familia”, declaró a un medio local, evidenciando la vulnerabilidad en la que se encuentran los deudos.
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PNP apoya a viuda y hace llamado de atención a Fiscalía
La indignación de la familia no es gratuita. Núñez Gómez fue capturado el 12 de marzo, despertando una chispa de esperanza que se extinguió en pocos días. Pese a que existían grabaciones de cámaras de seguridad, la Fiscalía dispuso su libertad argumentando cuestionamientos en un peritaje inicial.
El coronel PNP Luis Burgos, jefe de la Divincri La Libertad, calificó la decisión como apresurada y lanzó una dura crítica contra el fiscal a cargo. Según el alto mando policial, se solicitó una segunda prueba técnica que confirmaba científicamente la identidad del sicario, pero esta no fue considerada a tiempo.
“Era día sábado, señor fiscal, y usted no quería trabajar”, sentenció Burgos, sugiriendo que la desidia administrativa permitió que un presunto criminal volviera a las calles.
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Un rastro perdido y una familia en peligro
Posteriormente, un nuevo peritaje ratificó que el detenido era, efectivamente, el hombre que aparecía en los videos del crimen. Sin embargo, para cuando el documento fue procesado, Núñez Gómez ya no estaba bajo custodia y su paradero actual es desconocido.
La familia de Luis Chávez, quien era un conocido emprendedor del distrito de Florencia de Mora, sostiene que las pruebas son irrefutables. Mientras la Policía Nacional intenta remitir nueva documentación para revertir la situación legal del investigado, la viuda permanece bajo el acecho de llamadas anónimas que buscan silenciar su pedido de justicia.
